Un año después de la masacre de 11 personas en Chicomuselo, el crimen organizado sigue amenazando a la población

En los restos quemados de la casa de Ignacio, catequista de la Diócesis de San Cristóbal de la comunidad Nueva Morelia municipio de Chicomuselo, sus vecinos y feligreses de la región colocaron una cruz amarilla y fotografías de él y de su esposa, su papá, dos cuñadas, su sobrina, una tía, un primo y tres personas más. Todos fueron masacrados el 12 de mayo por integrantes del grupo El Maíz, un brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Eran conocidos en su región por formar parte del grupo que se resistía a la extracción minera ilegal que inició cuando los grupos del crimen organizado empezaron a disputarse el territorio. En el momento de la masacre en este lugar ubicado en la sierra de Chiapas sólo cinco familias resistían en ella ,apegados a su fe católica. Cuando llegaron a matarlos, acababan de celebrar una misa.

Este 12 de mayo, convocados por la parroquia de Chicomuselo, una caravana de autos con feligreses de la región salió rumbo a Nueva Morelia, llegó a la casa de Ignacio y su familia, y emprendió una peregrinación hasta el lugar donde fueron sepultados.

Iban acompañados por sacerdotes y el obispo Luis Manuel López Alfaro.

En el camino se integró una persona con barba, de tes blanca, gorra de piel, camisa negra brillante, zapatos deportivos de piel y lentes obscuros; también dos jóvenes a los que la población reconoció como “punteros”, “tiradores” del Cártel de Sinaloa (CDS), este grupo arrebató, en junio pasado, el control de Chicomuselo; pero, en semanas recientes, han vuelto en la región los enfrentamientos entre ambos grupos.

“Vigilan todo lo que hacemos, se pasean por la comunidad, andan en sus camionetas, en motos; quieren hacer ver su presencia, intimidarnos; a pesar de que del ejército están acá”, dice un poblador, en referencia al pequeño grupo de militares, que tras la masacre se instaló a un costado del domo de la comunidad.

Este aniversario solo se observa el lugar donde los uniformados pernoctan, rodeados de barras de contención hechas de madera y alambres de púas.

En Nueva Morelia, aunque no todos sus habitantes han regresado del desplazamiento forzado, es claro que crimen organizado y militares coexisten ente la mirada atemorizada y expectante de quienes ya retornaron del desplazamiento forzado, y este aniversario de la masacre, acompañados por sus compañeros de fe, salieron a las calles a intentar recuperar el espacio público que le fue arrebatado.

Este 12 de mayo, Abraham, sobreviviente de la masacre, hermano de Ignacio, regresó por primera vez a lo que fue su casa. Una de las personas que murieron era su esposa, Teresita de Jesús. Decidió abandonar la comunidad, por temor a ser asesinado, y porque también debe cuidar a su hijo de 3 años, quien también fue testigo de la masacre. Abrió la puerta entre llantos y abrazos de sus vecinos.

Me fui, no he vuelto hasta hoy por lo mismo, porque no me siento seguro todavía. No me siento seguro al volver a estar aquí puesto que siguen rondando todavía (sus agresores) y no, no hay seguridad, prácticamente no hay seguridad.

Añade que de parte de las autoridades de gobierno lo que ha visto es impunidad. “Los autores materiales de este crimen siguen libres, siguen impunes; siguen aquí rondando, en la sierra siguen igual. Aquí están todavía”.

Rodeado de quienes han retornado a Nueva Morelia, Abraham cuestiona el discurso oficial del gobierno del estado en torno a que se está instaurando condiciones de paz, dice que “mientras siga la complicidad con los grupos del crimen organizado, la situación para las comunidades seguirá igual, aunque levantemos la voz”.

Sobre la investigación de la masacre, explica que ninguna autoridad se ha acercado a él para hacerle saber de dos avances en las investigaciones sobre la muerte de sus familiares.

Unas 2 mil personas encabezan la peregrinación hasta el cementerio, van pasando por casas vacías, algunas quemadas. Hablan de la minería, consideran la riqueza que a empresarios les representa este negocio, la desgracia de sus pueblos.

Nueva morelia, 10 años caminando con MODEVITE (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio) No a la minería, No al alcoholismo, No al Moscamed, No a la militarización, No a los proyectos de muerte, Sí a la vida.

El mensaje da cuenta de los principios que la población tiene, y cuya defensa encabezaba Ignacio y su familia. Como parte de los terrenos de su comunidad están uso cerros donde se encuentra la Mina La Revancha y La Revancha 2, que explotó la empresa canadiense Black Fire hasta que la población logró su clausura, en 2009, tras la muerte del líder antiminero Mariano Abarca. Así permaneció hasta que con la llegada de los grupos del crimen organizado, se empezó a explotar ilegalmente.

“Desde hace muchos años veníamos denunciando la oleada de injusticias, violaciones a nuestros derechos humanos y colectivos, el saqueo de material minero, y nunca fuimos escuchados, luego nuestras voces fueron silenciadas por las armas, fuimos obligados a ponernos como barrera humana en los enfrentamientos entre grupos delictivos, fuimos golpeados por quienes debían garantizar la seguridad de nuestros pueblos, nos vimos en la necesidad de huir de nuestras comunidades para salvar nuestra vida, regresamos, no porque hubiera condiciones de seguridad garantizadas por el estado sino por el temor de perder nuestro patrimonio ante el saqueo y robo”, señalaron en un comunicado este 12 de mayo, ante el sepulcro de quienes llaman ahora su mártires.

“Nuestro corazón se duele por las víctimas inocentes masacradas en medio de la violencia, dolió y sigue doliendo el asesinato de nuestras hermanas y hermanos mártires de Nueva Morelia: Ignacio, Isidra, Teresita de Jesús, Rosalinda, Yojari Belén, Dolores, Alfonso, Azael, Urbano, Brandi y Joel, así como el padre Marcelo que acompañó muy de cerca las luchas y resistencias de nuestros pueblos”.

Aún en estas condiciones, dijeron, “reafirmamos nuestras luchas y resistencias a favor de la vida buena desde nuestras opciones diocesanas: La opción por los pobres y la opción por el cuidado y defensa de la madre tierra”.

Advirtieron que ahora con la “paz simulada” de este nuevo gobierno, se quiera volver a abrir las minas obligando mediante el miedo que les provoca a la población las acciones del crimen, a que acepten su apertura, como ha sucedido en otros estados como Guerrero.