La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conocía desde agosto de 2024 de operaciones realizadas entre Vector Casa de Bolsa y supuestos prestanombres de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, reveló la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con documentos obtenidos por MCCI, la empresa Nunvav Inc., propiedad de Samuel y Alexis Weinberg —a quienes el Gobierno identifica como prestanombres de García Luna— transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016. Las autoridades mexicanas consideran que estos fondos provenían del desvío de recursos públicos mediante contratos otorgados durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El periodista de MCCI, Iván Alamillo, explicó en entrevista para Aristegui en Vivo que “la Unidad de Inteligencia Financiera sabía, al menos desde agosto del 2024, que los Weinberg […] habrían lavado el dinero en Miami”. Esta información surgió a partir de una demanda civil interpuesta por el Gobierno mexicano en 2021 ante una corte de Florida, con el objetivo de recuperar recursos públicos desviados a través de Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc.
Como parte del litigio, la UIF solicitó a los Weinberg justificar 35 transferencias hechas a Vector Casa de Bolsa desde una cuenta en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según autoridades mexicanas, concentraba parte de los fondos desviados del erario, asegura Alamillo.
El 9 de agosto de 2024, la UIF presentó una moción para que se entregara documentación que permitiera identificar el propósito de dichas transferencias.
Según la investigación de MCCI, Samuel y Alexis Weinberg respondieron que no contaban con documentación para justificar las operaciones y que la solicitud debía dirigirse a Nunvav.
“Los Weinberg contestaron: ‘Pues nosotros no tenemos ningún tipo de documentación para justificar esto, se lo tienes que pedir a Nunvav’”, declaró Alamillo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Vector Casa de Bolsa —empresa vinculada a Alfonso Romo, exfuncionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador— por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero. Ante esta acción, tanto la Secretaría de Hacienda como la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaron que no contaban con información sobre conductas irregulares en esa casa de bolsa ni en otras dos instituciones financieras mexicanas también señaladas.
MCCI aclaró que su investigación no asegura que ambos casos —el del Departamento del Tesoro y el que involucra la demanda civil del Gobierno mexicano— sean el mismo, pero enfatizó que “la UIF tenía conocimiento desde el año pasado que Vector había celebrado operaciones con los presuntos prestanombres de García Luna por el caso civil”.
Alamillo también recordó que “en este caso de la demanda civil también está involucrada Julia Abdalá, por ejemplo, la empresaria y pareja del director de la CFE, Manuel Bartlett”.
El pasado 9 de junio, la jueza Lisa Walsh dio por concluido el proceso en Florida, luego de que la UIF y los Weinberg notificaran un acuerdo en México que implicaría la entrega de un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República.
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