La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las versiones que buscan vincular la detención del boxeador Julio César Chávez Jr. con una supuesta relación entre la Cuarta Transformación y el Cártel de Sinaloa.
En su conferencia mañanera, acusó que se intenta construir una narrativa sin sustento y reiteró que su gobierno actúa con base en pruebas y en el marco de la legalidad.
“No es nuevo, lo del narco presidente, no tiene cabida, pues no tiene asidero en la gente, porque cuando se inventan cosas, pues no hay manera, cuando hay una acusación, pues tiene que demostrarse”, expresó la mandataria.
Sheinbaum subrayó que en el ámbito penal, las acusaciones deben estar respaldadas por evidencias verificables.
“Particularmente si es penal, pues tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión”, afirmó.
En ese sentido, reiteró que su administración no tolera ninguna forma de complicidad con actores delictivos.
Yo creo que es importante decirlo, nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia.
Sobre el caso específico de Julio César Chávez Jr., Sheinbaum señaló que la Fiscalía debe transparentar el sustento de las acciones legales emprendidas.
“Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso hay una orden de aprehensión, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas, si vienen de una investigación, inteligencia, donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, pues tiene que presentarse las pruebas,”, insistió.
La presidenta, sobre el caso del boxeador, reitero que prevalece el principio de presunción de inocencia.
En México todo mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario, pero pues cuando hay una orden de aprehensión, pues hay pruebas que sustentan.
Las declaraciones surgen luego de que algunos sectores mediáticos y políticos difundieran versiones que buscan vincular a figuras públicas y a la administración federal con grupos del crimen organizado.
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