En su primera sesión pública con la nueva integración, los nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvieron un amplio debate sobre el “formalismo” jurídico y la necesidad de interpretar la ley caso por caso para evitar que la aplicación de la norma a tabla rasa terminé por afectar derechos humanos de las personas, en particular de los grupos sociales más vulnerables.
Al abrir la sesión, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, envió un breve mensaje en lengua mixteca para posteriormente dar pie al debate sobre dos acciones de inconstitucionalidad contra leyes de Chihuahua y Yucatán y una controversia constitucional presentada por un municipio de Oaxaca contra el Congreso del Estado.
Sin grandes cambios en los tiempos y formas del debate, los ministros arrancaron a las 10 de la mañana, una hora antes que sus antecesores y concluyeron el debate a las 2 de la tarde, es decir, a la misma hora que la anterior integración de la Suprema Corte.
Posteriormente, los ministros agradecieron el voto de las personas que los llevó a formar parte del Pleno de la Suprema Corte y comenzaron el debate sobre una impugnación promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, con el argumento de que no se respetó el derecho a la consulta de las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial.
La decisión de fondo fue de carácter técnico: el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, propuso al Pleno abandonar una jurisprudencia de carácter formalista sobre lo que nuevos actos legislativos, la cual consideraba que con el simple cambio de una coma, un punto o una palabra a una ley o norma por parte de los legisladores, era suficiente para considerar que los diputados y senadores habían aprobado una nueva ley.
Sin embargo, el ministro Aguilar Ortiz consideró que los Poderes Legislativos se podían valer de esta treta para evitar que el Máximo Tribunal revise una reforma a la ley que puede ser contraria a derechos humanos o a la propia Constitución.
La propuesta fue aprobada por 8 votos contra uno, por lo que ahora la Suprema Corte podrá analizar caso por caso cada reforma a una ley, norma o reglamento, analizando las intenciones de diputados y senadores para conocer si la reforma buscaba un cambio de carácter sustantivo o real o si la misma pretendía burlar o bloquear el control constitucionalidad que aplican los ministros.
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