Difundir los vínculos entre autoridades de Tabasco y grupos criminales no tiene una intencionalidad política, sostuvo el periodista de Proceso, Mathieu Tourliere, quien explicó que la investigación publicada esta semana en la revista está basada en informes de inteligencia del Ejército que no estaban destinados a hacerse públicos.
Es imposible darles una intencionalidad política porque estos informes no estaban destinados a ser publicados.
En entrevista para Aristegui en Vivo, explicó que los documentos que sustentan el reportaje “Los pecados de Adán” forman parte del conjunto de archivos extraídos mediante el hackeo conocido como Guacamaya Leaks.
El contenido de esos documentos revela una estructura de complicidad entre mandos de seguridad pública, fiscales, policías estatales, agentes federales y grupos del crimen organizado en Tabasco, durante y después del gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador y exsecretario de Gobernación.
Tourliere detalló que, tras las recientes declaraciones del exgobernador en las que intentó deslindarse de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena —acusado de liderar el grupo criminal La Barredora—, el equipo de Proceso decidió revisar nuevamente los documentos militares.
“Valió la pena volverse a meter en los archivos a la luz de lo que sucedió el mes pasado con Adán Augusto López, sobre todo el hecho de que reviviera el tema de Hernán Bermúdez Requena y el silencio”, explicó.
En esa revisión encontraron múltiples informes de “seguimiento técnico”, como se les llama dentro del Ejército a los reportes de vigilancia e inteligencia sobre la operación del crimen organizado.
“Prácticamente todo el aparato de seguridad de Adán Augusto López Hernández en Tabasco estaba o cooptado o tenía vínculos con este mundo criminal”, sostuvo.
Los informes mencionan con nombre y cargo a mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, incluyendo a José del Carmen Castillo Ramírez, quien se desempeñaba como comisionado de la Policía Estatal; Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal; Javier Reyes Palomeque, coordinador general de las policías municipales.
También a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, brazo derecho de Bermúdez; Ulises Pinto Madera, identificado como el número dos en la Secretaría, y Rubén Muñoz Rivera, comandante de la Policía de Cárdenas, destacó que algunos de estos exfuncionarios han sido detenidos recientemente.
Los documentos describen cómo estas figuras habrían operado en complicidad con el crimen organizado en actividades como el robo de hidrocarburos, tráfico de personas migrantes, venta de drogas, cobro de extorsiones y robos planeados.
Uno de los hallazgos más graves, según Tourliere, es que los informes también apuntan a que las redes criminales contaban con la colaboración de funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de instancias federales.
Mencionó el caso de Nicolás Bautista Obando, exvicefiscal y actual fiscal estatal, vinculado en los documentos con un presunto criminal identificado como Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias El Pelón de Playas. Bautista fue parte de la terna que envió Adán Augusto para elegir al fiscal, aunque el nombramiento recayó inicialmente en Jaime Humberto Lastra.
Sin embargo, al dejar Lastra el cargo para contender en política, Bautista asumió como fiscal interino y luego fue ratificado.
“Dentro del aparato de seguridad de Adán Augusto tenía a su secretario de Seguridad Pública que era Hernán Bermúdez Requena, vinculado con el mundo criminal, y al vicefiscal Nicolás Bautista Obando, también vinculado con el mundo criminal”, aseguró el periodista.
De acuerdo con los informes revisados, los vínculos criminales no solo estaban presentes en los niveles estatales, sino también a nivel federal.
Tourliere afirmó que hay evidencia de colusión entre agentes de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes habrían facilitado el paso de combustible robado —huachicol— o manipulado investigaciones.
“Hay muchos informes que hablan de cómo la fiscalía, bueno, los agentes de la fiscalía son los que manejan el negocio criminal, por ejemplo, en Cárdenas”, explicó.
Señaló también que un agente viajaba a la Ciudad de México a revisar expedientes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para verificar qué personas estaban bajo investigación y advertir a los grupos delictivos.
“Lo que vemos es cómo todo este mundo de la seguridad y del mundo criminal trabajaban prácticamente de la mano para administrar los negocios criminales en Tabasco en ese momento”, afirmó.
Tourliere denominó a este fenómeno como la presencia de un “cuarto orden de gobierno” en la entidad, porque a diferencia de la división entre los poderes federal, estatal y municipal, estas redes paralelas operaban con conocimiento de múltiples niveles del gobierno.
Subrayó que, pese a las advertencias contenidas en los documentos de inteligencia, las autoridades no actuaron para desmantelar esas estructuras, que continuaron operando durante el gobierno interino de Carlos Merino, quien sucedió a López Hernández y mantuvo a los mismos mandos de seguridad.
A pesar de que los reportajes sobre el caso comenzaron a difundirse desde 2022, cuando medios como Proceso, Aristegui Noticias, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad comenzaron a revisar los documentos filtrados, no hubo respuesta por parte del entonces secretario de Gobernación.
Tourliere relató que, antes de publicar la información, contactaron al equipo de Adán Augusto López para advertir sobre el contenido y pedir una reacción, pero “nos ignoró por completo, nunca contestó”, dijo.
Al salir el reportaje, no hubo reacciones institucionales y, por el contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente a su colaborador.
El periodista también cuestionó la postura de Carlos Merino, actual funcionario del gobierno federal, quien mantuvo en su cargo a Hernán Bermúdez incluso después de que los primeros reportajes habían sido publicados.
“Ya era imposible hacerse el que no sabía”, advirtió Tourliere y en su opinión dijo que, es insostenible que ahora, desde el Senado, Adán Augusto López declare que no tenía conocimiento de las acusaciones contra su secretario de Seguridad.
Lo preocupante es que precisamente estos informes se elaboraron, hubo esta información y no pasó nada, o sea, estas personas se mantuvieron en el gobierno a pesar de que el aparato de inteligencia del Estado sabía que estaban vinculados con grupos criminales.
Tourliere subrayó la importancia de este tipo de investigaciones, destacando que se trata de documentos de inteligencia elaborados por múltiples instituciones, entre ellas la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República.
Por esa razón, descartó que puedan ser considerados simples rumores.
“Estamos hablando de informaciones del Ejército mexicano que revelan la actuación criminal del entorno político del estado de Tabasco”, puntualizó.
El reportaje “Los pecados de Adán” forma parte de una revisión más amplia de los Guacamaya Leaks, una filtración masiva de archivos internos del Ejército que revelan, entre otros temas, el uso de la inteligencia militar para monitorear actores políticos y criminales, así como el conocimiento que tenían las Fuerzas Armadas sobre diversas redes de corrupción y crimen organizado a nivel nacional.
Para Tourliere, el caso Tabasco es un ejemplo claro de cómo esa información quedó enterrada sin consecuencias.
“Mostrar que los informes apuntan no solo a Hernán Bermúdez, que podemos decir es uno entre muchos, sino que todo el aparato de seguridad de Tabasco estaba siendo cooptado en ese momento”, concluyó
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