El Senado de la República aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación, que amplía las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y combatir la evasión y elusión fiscal.
Con 76 votos a favor y 38 en contra, las y los senadores respaldaron en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados. En la votación en lo particular, el proyecto fue aprobado con 76 votos a favor y 36 en contra y se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron reservas a varios artículos del dictamen, pero fueron rechazadas por la mayoría oficialista.
El dictamen incluye la adición del artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que prestan servicios en México a permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Esto significa operaciones en plataformas digitales de streaming, compras o servicios de transporte, entre otras. En caso de incumplimiento, se prevé el bloqueo temporal del acceso al servicio digital.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que las reformas fijan una tasa de retención unificada en plataformas digitales de “2.5 por ciento para personas físicas, cuatro para personas morales con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y 20 para quienes no proporcionen el RFC”, y agregó que “con ello, se garantizará un piso parejo para el comercio digital y tradicional”.
Además, Yunes Márquez señaló que el proyecto da continuidad al programa de regularización fiscal para personas físicas y morales, tomando como referencia el ejercicio contable 2024. Se establece también una tasa fija de retención de 0.9 por ciento sobre intereses y una tasa de recargos de 1.38 por ciento mensual sobre saldos insolutos en créditos fiscales.
El senador afirmó que el proyecto “va encaminado a proteger la salud pública, pues se fomenta la inversión y se consolida un entorno de certeza y legalidad para los actores económicos”, y que “el objetivo de la política fiscal no sólo es recaudar, sino redistribuir, corregir desigualdades, incentivar buenas prácticas y castigar los abusos”.
Por parte de Movimiento Ciudadano, el diputado Luis Donaldo Colosio Riojas expresó su preocupación por la reforma y aseguró que el cambio “trasciende en lo técnico y pone en riesgo los principios más elementales del Estado de Derecho”.
Colosio explicó que la reforma “obligaría a las plataformas digitales a permitir a las autoridades fiscales un acceso irrestricto en línea, en tiempo real y de forma permanente a sus sistemas internos”, y señaló que, aunque esto se presenta como un mecanismo para fortalecer la recaudación, “en realidad, abre la puerta a la vigilancia sin límites, a la censura administrativa y a una inseguridad digital que amenaza a millones de personas usuarias”.
El legislador destacó que México ha construido su marco tributario sobre un equilibrio entre eficiencia recaudatoria y respeto a los derechos, y aseguró que el nuevo artículo “rompe ese equilibrio”. Reiteró que “no existe justificación legítima para un acceso continuo e indiscriminado a la información interna de las plataformas digitales. No hay auditoría, no hay inspección, no hay requerimiento que exija un canal de vigilancia permanente y de ese tamaño. Ninguna autoridad debería tener la posibilidad de observar de forma constante la actividad de la ciudadanía sin una orden judicial ni causa individualizada”.
Mientras que la panista Imelda Sanmiguel dijo que bajo la falacia de modernización se faculta al SAT para ingresar a datos personales. Explicó que la medida obliga a las plataformas a entregar “toda la información personal y comercial de compradores, vendedores y usuarios”, lo que, a su juicio, otorga al SAT “facultades excesivas para espiarnos a todos, no solamente a los contribuyentes”. La legisladora advirtió que esto permite que el organismo fiscal “pueda vigilar en tiempo real las plataformas digitales como Netflix, TikTok, Uber, Mercado Libre y Tinder”.
Señaló que la reforma ha sido bautizada por internautas como la “nueva ley espía”, y advirtió que genera un límite preocupante “entre la fiscalización y el derecho a la privacidad en el entorno digital”. Además, criticó que la iniciativa permitiría conocer datos sobre “movimientos comerciales, compras, ventas, gastos, preferencias, plataformas visitadas y geolocalización”, bajo lo que calificó como “la falacia de supuesta modernización”.
Sanmiguel denunció que la reforma construye “un sistema que nos trata a todos como si fuéramos culpables hasta no demostrar lo contrario” y que ignora la presunción de inocencia: “Sí, también mandan al diablo la presunción de inocencia total, que la Constitución ya la violentan”.
La legisladora del PAN destacó los riesgos prácticos de la medida: “Si un ciudadano tiene una tienda y se tarda unos días en entregar sus registros, el SAT puede bloquear su sello digital y no podrá facturar ni cobrar. Si te dedicas a las ventas por Internet, el SAT podrá rastrear tus ingresos en tiempo real y, si considera algo sospechoso, te puede suspender”.
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