La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) manifestó su preocupación ante las propuestas legislativas que actualmente discute el Congreso de la Unión, relacionadas con una nueva Ley de la Guardia Nacional y reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
A través de una serie de mensajes difundidos en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la Oficina de la ONU-DH alertó sobre los posibles riesgos que estas modificaciones implicarían para los derechos humanos, al fortalecer un enfoque militarizado en las funciones de seguridad pública.
“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la Guardia Nacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, publicó la oficina.
El organismo señaló que una de las principales inquietudes es que la nueva legislación otorgaría grandes facultades en materia de investigación e inteligencia a los elementos de la Guardia Nacional sin los mecanismos necesarios de control y rendición de cuentas.
“Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos”, indicó en su segundo mensaje.
Foto: Cuartoscuro
La ONU-DH también advirtió sobre el posible otorgamiento de nuevas facultades al Ejército en el manejo de información de inteligencia.
De acuerdo con el organismo, estas atribuciones, sin salvaguardas adecuadas, podrían poner en riesgo derechos fundamentales como la privacidad.
“También preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad (previsto por el art. 17 del PIDCP) y otros”, expresó.
La oficina reiteró su postura de que la seguridad pública debe ser una función civil y sujeta a controles democráticos.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los Derechos Humanos”, concluyó.
Foto: Cuartoscuro
Los cambios legales que preocupan a la ONU-DH y a organizaciones civiles
Más de 13 organizaciones protectoras de los derechos humanos, incluyendo Articulo 19 y Amnistía Internacional, denunciaron que las reformas legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones.
Además, se elimina el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
– La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
– Las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real. Esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, para la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP.
– La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de la ley vigente, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello.
Además, el último dictamen incorpora a las “instancias de inteligencia” de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, alertaron.
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