La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos manifestó su inconformidad por el boletín informativo FGE 506, emitido el 23 de junio por la Fiscalía General del Estado, encabezada por Edgar Maldonado Ceballos, en el que —aseguran— se descalifica la cobertura periodística sobre la cuarta fase de intervención en el panteón “Pedro Amaro”, en el municipio de Jojutla.
La organización considera que el contenido del boletín no solo desacredita la labor de la prensa, sino que representa una acción que vulnera derechos protegidos por el marco legal nacional e internacional.
Señalan que el enfoque del comunicado intenta condicionar el ejercicio periodístico, restringir el acceso a información pública y controlar el discurso institucional sobre un tema de relevancia social.
Entre los puntos destacados por la Red, se enumeran los siguientes:
1. Desacreditación sin pruebas. La Fiscalía señaló que la información difundida “carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas”. La Red advirtió que estas afirmaciones, sin sustento, estigmatizan el trabajo de quienes informan con responsabilidad.
2. Estigmatización del trabajo periodístico. Calificar la cobertura como generadora de “alarma social y desinformación” —apuntaron— es un recurso que históricamente se ha utilizado para censurar la prensa en contextos delicados.
3. Falta de transparencia institucional. La organización recordó que, aunque es válido informar primero a las familias de las víctimas, la Fiscalía tardó siete días en emitir un posicionamiento oficial tras suspender los trabajos. Si se busca desmentir información, afirmaron, debe hacerse con datos claros y verificables, accesibles para toda la ciudadanía.
4. Mensajes con carga de amenaza. La expresión “evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal”, incluida en el boletín, fue señalada como una advertencia que puede interpretarse como intimidatoria hacia quienes informan desde fuentes distintas a las oficiales.
5. Cuestionamientos éticos sin sustento. La Red rechazó que se ponga en duda la ética de los medios por publicar información no validada por la institución. Recordó que el rigor informativo incluye la verificación con fuentes diversas, no exclusivamente institucionales.
6. Limitación al derecho a la memoria. Subrayaron que la labor periodística contribuye a documentar y preservar la memoria colectiva, especialmente en casos de violaciones graves a derechos humanos. Limitar el acceso a información —dijeron— afecta directamente este derecho.
Adicionalmente, la Red informó que en una reunión con colectivos realizada el 25 de junio, el fiscal Edgar Maldonado Ceballos responsabilizó de manera directa a la prensa por la supuesta distorsión de información sobre las diligencias de exhumación. Consideran que este señalamiento incrementa el riesgo para quienes ejercen el periodismo en Morelos.
La organización recordó que el artículo 6º de la Constitución Mexicana protege la libertad de expresión, el acceso a la información y la labor de la prensa. Además, citó tratados internacionales suscritos por México —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información. También mencionaron que la ONU ha exhortado a las autoridades a no utilizar discursos oficiales para intimidar a periodistas.
“La Fiscalía General del Estado incurre en acciones que vulneran libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y el derecho a la memoria”, señaló la Red.
Ante este contexto, exigieron:
Evitar declaraciones o acciones que intimiden o desacrediten a quienes ejercen el periodismo.
Garantizar el acceso transparente, equitativo y oportuno a la información pública.
Reconocer el papel del periodismo en la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos y la memoria colectiva.
La Red reiteró que la tragedia de las fosas de Jojutla, abierta hace más de una década, continúa sin ser atendida a fondo. Subrayaron que los avances logrados han sido resultado directo de la insistencia de las familias buscadoras y del trabajo periodístico que ha acompañado su exigencia de verdad y justicia.
“El periodismo no se silencia. La libertad de expresión no se condiciona”, concluyó la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos.
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