El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD, A.C.) publicó un comunicado en el que expresó su preocupación ante el anuncio de la Presidencia de la República de presentar próximamente una iniciativa de reforma electoral, y llamó a que cualquier cambio en esta materia se lleve a cabo a través del más amplio consenso político y social.
“Queremos llamar la atención para solicitar al conjunto de actores públicos un especial cuidado para abordar una reforma de la que dependerán la confianza, la autenticidad y la equidad en las elecciones mexicanas”, afirmó el Instituto.
El comunicado fue firmado por exconsejeros presidentes del IFE-INE como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Karakowsky, así como por exconsejeros electorales como Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales y Arturo Sánchez, además de decenas de académicos y especialistas en temas democráticos.
En el documento, el Instituto advirtió que la actual legislatura del Congreso de la Unión fue conformada “merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado alcanzada mediante la extorsión y la amenaza”. Según explicaron, esta mayoría ha hecho “de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo, el modo usual de su política”.
Ante ese contexto, el Instituto sostuvo que “toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral”. De acuerdo con el comunicado, “las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular”.
El IETD subrayó que las últimas cuatro reformas electorales, desde 1994, fueron producto de grandes acuerdos entre partidos y gobiernos, por lo que alertó que “ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean el fundamento de las soluciones, sino parte del problema”.
Otro de los ejes señalados por el Instituto fue el de fortalecer la representación proporcional. En ese sentido, los firmantes propusieron que el Congreso de la Unión esté conformado por “250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional”. En cuanto al Senado, recomendaron que todos sus integrantes “sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales”.
“El peso electoral de cada partido debe coincidir con el peso que tiene en los órganos legislativos”, enfatizó el Instituto, al recordar que la representación proporcional “ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México” desde su introducción en 1977 y que ha sido “una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda”.
El tercer eje planteado fue la necesidad de “garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas”. Para ello, recomendaron que el nombramiento de los consejeros del INE recaiga en el Senado y no en la Cámara de Diputados, y que se exija una votación calificada de tres cuartas partes para lograr consensos amplios.
El Instituto también defendió la existencia y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, al que consideraron como “la columna vertebral de las capacidades organizativas del INE”. Advirtieron que “cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales”.
Respecto a las magistraturas del Tribunal Electoral, propusieron que su designación requiera también de una mayoría calificada del 75% en el Senado, y que el proceso de nominación se abra a universidades, colegios y barras de abogados. “Es a la mayoría, a los triunfadores de cada elección, a quienes conviene aun más el trabajo imparcial y eficaz de las autoridades electorales”, señaló el comunicado.
El Instituto defendió el financiamiento público como elemento central para garantizar la equidad en las contiendas. “Frente a la invasión de dinero ilícito en la política, así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas”, indicaron.
El comunicado concluyó señalando que los principios que deben guiar una reforma electoral democrática son cuatro: “buscar el más amplio consenso; fortalecer la representación proporcional; garantizar autonomía, imparcialidad y profesionalismo de los órganos electorales; y procurar que el dinero público y no el financiamiento privado y menos criminal, sean el sostén de los procesos electorales en México”.
Además de los exconsejeros, también firmaron el documento académicos y expertos como Adrián Acosta, María del Carmen Alanís, Carlos Bravo Regidor, Jorge Javier Romero, Rosa Rojas, Raúl Trejo Delarbre, entre muchos otros.
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