En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a los Poderes Judiciales a comprometerse de “manera efectiva con la erradicación de esta práctica y la dignificación de las víctimas”.
En su pronunciamiento, la ONU-DH subrayó que “en un contexto de renovación de los poderes judiciales en México”, se anima “a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos”.
Para lograrlo, señaló que es necesario que las autoridades judiciales tengan “la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales.
Que estén dotadas de las capacidades técnicas necesarias para ello, y actúen libres de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida.
La Oficina reiteró que “el respeto a la independencia judicial es esencial para materializar un control efectivo del quehacer de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como para salvaguardar los derechos de las víctimas de tortura”.
Asimismo, llamó a que “las y los jueces de control funcionen como auténticos garantes de los derechos de las personas desde las etapas iniciales del proceso penal, en particular al momento de verificar la legalidad de la detención”.
Agregó que es fundamental que las personas procesadas que opten por un procedimiento abreviado “lo hagan libres de toda coacción, con pleno conocimiento de sus alternativas y sus consecuencias, y que gocen en todo momento de una defensa adecuada”.
La ONU-DH recordó que la tortura está prohibida de forma absoluta.
“Esta práctica aberrante lesiona la dignidad inherente al ser humano, trastoca la integridad de las personas, socava la confianza en las instituciones y es un medio para la fabricación de culpables.”
Apuntó que dada su naturaleza intrínsicamente perniciosa, nada justifica su uso, y que los problemas de inseguridad y violencia” no deben combatirse mediante actos adicionales de injusticia”.
La Oficina ONU-DH reconoció resoluciones que han protegido el principio de exclusión de pruebas ilícitas y “saluda la adopción de herramientas y políticas judiciales y administrativas orientadas en la misma dirección”.
En ese sentido, alentó a que “impere el principio de progresividad y que los avances registrados se preserven, expandan y profundicen”.
Finalmente, consideró que ante la posibilidad de una reforma en las instancias de seguridad y procuración de justicia, “resulta fundamental que se profesionalicen las investigaciones, se erradique la tortura y se garantice el acceso a la justicia para las víctimas sobrevivientes, enfrentando decididamente la impunidad”.
Finalmente, reiteró que respalda y solidaridad hacia las víctimas de tortura, en particular con aquellas que han sido históricamente vulnerada.
Esto, por motivos relacionados con su apariencia, condición socioeconómica, género, origen étnico, racial o nacional, “entre otras formas de discriminación”, concluyó el organismo.
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