Norma Piña: ‘La Corte quedó a deber en la discusión de la reforma judicial’

A unos días de que termine su etapa como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cabeza del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández hizo en Aristegui En Vivo un balance de su gestión y de los retos que enfrentó en los últimos años.

La ministra reconoció que el máximo tribunal “quedó a deber” en la discusión sobre la Reforma Judicial y denunció que existió una “narrativa sistemática” desde el gobierno del expresidente López Obrador para atacar y desprestigiar al Poder Judicial y a sus integrantes, lo que calificó como una estrategia calculada para debilitar los contrapesos institucionales.

Piña explicó que la reforma judicial afectará “la independencia judicial” y advirtió que “va a tener consecuencias en la sociedad y a la ciudadanía, porque se afecta su derecho de recibir una justicia imparcial”. Alertó que “la calidad de las mismas sentencias no va a ser alta”, debido a que “van a llegar muchas personas que nunca han ejercido la función del juzgador”.

Al hacer un balance del tribunal en las últimas décadas, la ministra presidenta destacó que en los casi 30 años del tribunal constitucional, su desempeño “ha sido muy positivo” y recordó que “las sentencias trataban fundamentalmente de la protección de los derechos humanos y de diferente índole”. Sin embargo, sostuvo que con la llegada de nuevos jueces y magistrados “va a llevar una curva de aprendizaje para los nuevos juzgadores, que impactará en la justicia en México”.

Sobre las investigaciones abiertas en el Consejo de la Judicatura Federal, -específicamente contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar-, Piña explicó que “la mayoría del Consejo de la Judicatura Federal determinó cerrar esa investigación”. Añadió que votó “en contra” y expuso “un voto particular en relación con los propios argumentos que dio la mayoría” y concluyó que “ahí quedó, está cerrado por la decisión mayoritaria”.

AMLO vs. SCJN, un ataque sistemático desde el Ejecutivo

Norma Piña, quien pasará a la historia como la primera mujer en lograr llegar a la presidencia de la SCJN, denunció en Aristegui en Vivo que desde el Ejecutivo hubo una narrativa para atacar, calumniar y difamar a los miembros del Poder Judicial que no estuvieran a favor del discurso oficialista.

En su opinión, lo que realmente provocó el ataque directo al Poder Judicial fue “la decisión sobre la Guardia Nacional”.

Piña explicó que “se pretendía que la Guardia estuviera adscrita al Ejército”; sin embargo, sostiene que artículo 21 constitucional decía muy claramente que esta debería estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. “Simplemente era aplicar el texto constitucional”, afirmó.

De acuerdo con la ministra presidenta, esa resolución “rompió cualquier diálogo y colaboración entre poderes”.

“Fue una estrategia sistemática para destruir instituciones, para romper con un sistema de pesos y contrapesos en relación a los diversos poderes” y aclaró que “no sólo fue la Corte, también fueron organismos autónomos que constituían contrapesos”.

Reforma judicial, una deuda de la SCJN

La ministra Piña explicó en Aristegui en Vivo que ante la amenaza de la reforma judicial presentada por el entonces presidente López Obrador,  durante su gestión, impulsó foros y debate con los que “se pretendía que hubiese un diagnóstico” porque -en su opinión- “el problema de la justicia no sólo radica en la emisión de sentencias o en los tribunales, es la cúspide, pero los grandes negativos radican en la base misma de procuración y administración de justicia”.

Aseguró que “este tipo de reforma tenía que ser muy pensada, muy profunda, y no en tiempos tan concretos o tan limitados”.

Sin embargo, una vez que esta se aprobó en el Congreso de la Unión, la ministra reconoció que en cuanto a la discusión sobre la reforma judicial  “la Corte como órgano colegiado, sí quedamos a deber en ese aspecto” porque se debió haber pasado a discutir el fondo del asunto”.

Subrayó que “hubo cuatro ministros que dijeron expresamente que no procedía esa acción” y recordó que “la Constitución exige que haya ocho votos para declarar la invalidez de una reforma”.

La Corte como órgano colegiado quedó a deber.

Norma Piña lamentó que no se realizará la discusión que consideraba era de suma importancia.

Respecto al voto sorpresivo del ministro Alberto Peréz Dayán, que impidió profundizar en el debate, la ministra Piña no quiso comentar. Tampoco quiso especular sobre la versión de que será nombrado cónsul general en Barcelona, de la que aún no hay una confirmación oficial.

¿Que pasará con la Prisión Preventiva Oficiosa?

Otro de los asuntos pendientes que dejó este pleno de la SCJN fue la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa. Piña comentó que en lo personal, le hubiera encantado discutir ese tema; “incluso yo fui una de las que presentó un proyecto para analizar prisión preventiva”, declaró.

No obstante, explicó que fue una cuestión de tiempos.

Aclaró que se determinó que “no podíamos alterar las reglas que nosotros mismos nos habíamos dado” y explicó que esto incluía la forma en que se organizaban los asuntos en la Comisión de Listas, un mecanismo que ella implementó durante su gestión.

Según la ministra presidenta, antes de su llegada a la titularidad de la Corte, únicamente el Presidente decidía qué asuntos se veían y cuáles no; pero cuando inició su periodo frente el tribunal, se confirmó una comisión de listas y en esas comisiones se determinaba qué asuntos se iban viendo, generalmente por paquetes o según el orden en que los bajaban los diversos ministros”.

Por ello, “no podíamos alterar esas reglas que ya se habían establecido”, aunque reconoció que “fue motivo de análisis en sesiones privadas de la Corte”.

Además, comentó que durante ese período entraron varios asuntos en materia electoral que desplazaron la revisión de la prisión preventiva oficiosa, y que su equipo tuvo que priorizar la resolución de más de 100 recursos de inconformidad antes de la fecha límite establecida por la Constitución.

Piña destacó que “por eso se citó a sesión extraordinaria, que es el mismo mecanismo establecido en leyes y acuerdos, para poder atender los asuntos en tiempo y forma”.

Sobre el futuro del tema, la ministra presidenta indicó que la resolución sobre la prisión preventiva oficiosa dependerá de la nueva conformación del pleno.

“Todo estará por verse en esta materia, porque ahí estará uno de los pendientes que no se resolvieron y que la próxima Corte tendrá que resolver en algún momento”.