Dos suspensiones provisionales fueron concedidas por jueces federales a favor de jóvenes del Movimiento Defensores de la Ciudad de las Artes, luego de que se presentaron solicitudes de amparo tras denuncias por actos de amedrentamiento policial la noche del jueves 12 de junio.
Luis Daniel Juárez García, abogado del movimiento, informó en entrevista para Aristegui Noticias que fue “un acto de amedrentamiento en contra de la manifestación de los muchachos”.
El abogado explicó que durante el operativo, al menos 40 elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Protección Ciudadana irrumpieron con patrullas y drones en la explanada de la Escuela Superior de Música, donde mantenían un plantón los jóvenes que defienden el patrimonio e infraestructura cultural.
“Con las patrullas, patinaban las llantas, las aceleraban muy rápido, les colocaron a los drones encima de los muchachos para fotografiarlos”, detalló.
A raíz de estos hechos, se promovieron dos amparos.
El primero, de carácter penal, se dirigió contra el Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano y el Director de la Policía Estatal de Investigación para evitar detenciones o cualquier acercamiento físico hacia los manifestantes.
El segundo, en materia administrativa, se presentó contra el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero; la secretaria General de Gobierno, Rocío Esther González García y el Secretario de Protección Ciudadana, Manasés Langarica Verdín, con el objetivo de impedir la disolución de la protesta.
En el caso del primer amparo, la jueza otorgó una “suspensión de oficio y de plano” al detectar un riesgo inminente para la integridad de los jóvenes.
Aunque se declaró incompetente y turnó el caso a un juzgado administrativo, el abogado consideró que el criterio debe ser sostenido.
Es prácticamente un hecho, procesalmente hablando, que la jueza del primero administrativo va a continuar con las mismas solicitudes.
Respecto al segundo amparo, tramitado en el Juzgado Tercero en materia administrativa, la suspensión provisional establece que las autoridades “no pueden disuadir la manifestación, interferir en la manifestación, pero sobre todo no pueden desalojar a los manifestantes de la vía pública”.
La audiencia incidental para definir si la suspensión se convierte en definitiva se llevará a cabo este miércoles.
Juárez García subrayó que el hecho de que los manifestantes se hayan retirado temporalmente del sitio no afecta la validez de las suspensiones.
“No pierde, no perdería en este caso la fuerza o los efectos (…) porque los reclamos son exactamente los mismos. Ellos lo pueden ejercer libremente en el momento que ellos lo deseen”, añadió, en referencia al derecho de los jóvenes a regresar a manifestarse en el lugar.
El abogado también planteó una reflexión sobre el precedente que este caso podría sentar para otros movimientos sociales en el estado.
Este grupo, a diferencia de otros, ha logrado esto en estos días. Incluso en la narrativa pública los jóvenes le han debatido al Gobierno del Estado varias cuestiones.
Finalmente, destacó que el caso representa un momento clave para evaluar el papel del Poder Judicial en la defensa del interés social.
“Quiero pensar que los nuevos jueces federales no van a hacer lo mismo que se hizo tiempo atrás y van a resolver siempre en favor del interés social y del pueblo”, concluyó.
Otro amparo… Violentado por la autoridad
Además de las medidas que protegen a los manifestantes, en las últimas horas también se concedió una suspensión temporal para frenar la demolición del complejo conocido como Ciudad de las Artes, lugar donde el gobierno estatal proyecta construir el nuevo Estadio Nicolás Álvarez Ortega, proyecto que también debe ser suspendido hasta revisar a fondo la solicitud de amparo.
Sin embargo, el gobernador y al menos quince dependencias habrían desacatado esta orden judicial, manteniendo trabajos y maquinarias, a pesar de haber sido notificados, lo que podría constituir una violación a la ley.
El proyecto del estadio busca, según el discurso oficial, recuperar la memoria de dos antiguos estadios deportivos que existieron en ese mismo espacio.
No obstante, Ciudad de las Artes fue desarrollada posteriormente como un espacio educativo y cultural, donde operaban la Escuela Superior de Música y la Escuela de Danza, además de ser punto de encuentro para actividades familiares y comunitarias.
Organizaciones sociales han señalado que fue el propio gobierno quien abandonó y deterioró el complejo para justificar su sustitución.
Hasta el momento, las autoridades no han presentado proyectos ejecutivos del nuevo estadio, ni han realizado consulta ciudadana, estudios de impacto ambiental o cultural, ni procesos de licitación pública para la demolición.
Esto ha generado preocupación entre sectores académicos, culturales y civiles por la falta de transparencia y por la destrucción de infraestructura cultural sin una ruta clara sobre el destino del patrimonio afectado, aunado a la criminalización y amedrentamiento contra las y los manifestantes.
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