La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció este jueves una disculpa pública por los abusos sexuales cometidos en 2018 contra niñas y niños del Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” en la Ciudad de México.
Mario Delgado, titular de la dependencia, reconoció la responsabilidad del Estado y aseguró que hechos como estos no volverán a repetirse.
“Este es un reconocimiento público de la actividad irregular, inaceptable, indolente, indignante del Estado, por hechos criminales cometidos contra niñas y niños que estudiaban en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat”, afirmó Delgado durante la ceremonia.
Señaló que las personas que debían proteger a los menores cometieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, vulnerando derechos fundamentales como la integridad personal, la educación y el libre desarrollo de la personalidad, y que estas acciones provocaron graves afectaciones a los niños y sus familias.
“Nunca vamos a actuar protegiendo a nadie, ni encubrir a ningún abuso, ningún delito en contra de nadie, y mucho menos cuando se trata de nuestros hijos o de nuestras hijas”, dijo.
Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para continuar con la investigación y garantizar que se haga justicia, advirtiendo que no habrá tolerancia ante la simulación o fragmentación de los casos.
Como parte de las medidas para prevenir futuros abusos, Delgado anunció la implementación de una jornada nacional de concientización sobre abuso y maltrato infantil en todas las escuelas del país, que comenzará el 8 de septiembre.
Destacó que desde mayo se emitieron lineamientos obligatorios para la prevención, detección e intervención ante casos de violencia sexual en la educación básica, y que en septiembre se publicarán las normas correspondientes a nivel medio superior.
Señaló que maestras, maestros y directivos ya fueron capacitados o están en proceso de capacitación para garantizar la aplicación de estas reglas.
Además, el titular de la SEP informó que se establecerá un registro público de abusadores para evitar su contratación en escuelas, que ningún trabajador bajo investigación penal podrá permanecer en los planteles.
También se eliminarán viviendas de conserjes al interior de los centros educativos, consideradas un factor de riesgo.
Además, se revisará el cumplimiento de becas escolares a las familias afectadas y se fortalecerán los protocolos de acceso a las escuelas y la separación de baños entre alumnos y docentes.
Delgado ofreció disculpas directas a las víctimas y a sus familias, reconociendo la valentía de quienes denunciaron los abusos y reiterando el compromiso del Estado con la reparación del daño.
Lamento profundamente lo ocurrido, queremos que sepan, niños y niñas, que no están solos ni solas, compartimos su indignación, su dolor y les reconocemos que hayan denunciado los abusos.
El secretario aseguró que la SEP continuará trabajando para garantizar que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia, abiertos a la colaboración de padres, madres y organizaciones civiles, y que casos como el del Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat” no se repitan.
Nunca más el silencio, nunca más la indolencia por parte de las autoridades.
Caso Marcelino de Champagnat
En 2018, niñas y niños del jardín de niños público “Marcelino de Champagnat”, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, fueron víctimas de violencia sexual por parte de personal docente, directivo y de supervisión escolar.
La situación salió a la luz tras la denuncia de la familia de un niño, lo que motivó que decenas de familias acudieran a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Fiscalía General de la República.
En total se presentaron 57 denuncias, de las cuales 18 recibieron sentencia.
Durante la investigación en 2019, los jueces de control aprobaron el desahogo de las testimoniales de nueve niñas y niños víctimas mediante prueba anticipada para que no tuvieran que esperar hasta la etapa de juicio para declarar ante una persona juzgadora.
El comunicado oficial señala que esta medida “constituyó una buena práctica y mecanismo de protección, observando sus características de la infancia, así como la importancia de preservar la información relevante para la investigación del caso”.
A finales de 2019, se emitió sentencia de procedimiento abreviado contra el agresor principal de un niño, otorgándole seis años y nueve meses de prisión.
En diciembre de 2021 se realizó el juicio de 17 niñas y niños contra una persona que formaba parte del Personal de Apoyo Técnico Pedagógico; el proceso duró 134 horas y se desahogaron 147 testimonios.
El juez de enjuiciamiento, siguiendo la normativa nacional e internacional y cumpliendo con su obligación de juzgar con perspectiva de infancia.
Valoró no solo las declaraciones ante la persona juzgadora, sino también las dadas ante el Ministerio Público, psicólogos y familiares, considerando las expresiones verbales y no verbales de las víctimas.
Se indicó que “para que los niños y niñas puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad deben hacerse ajustes razonables basados en sus características de la infancia, su desarrollo cognitivo y emocional y las particularidades de la narrativa infantil”.
La sentencia de 2021 condenó al agresor a 494 años de prisión e incluyó medidas de reparación integral del daño transformadoras y diferenciadas, “tendientes a evitar que volviera a suceder un caso como este”.
El fallo vinculó a la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa Federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Vivienda.
Asimismo a la Secretaría de Economía como autoridades responsables de garantizar la reparación del daño y la no repetición, la compensación, rehabilitación y satisfacción a favor de las niñas y niños víctimas y sus familias.
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