Durante más de un siglo, las Islas Marías fueron conocidas principalmente por ser una colonia penitenciaria federal de aislamiento extremo, ubicada en aguas del Pacífico mexicano frente a la costa de Nayarit.
Su lejanía geográfica, a más de 100 kilómetros de San Blas, y la presencia natural de tiburones en sus alrededores convirtieron al archipiélago en una cárcel de la que era difícil fugarse.
El penal en sus últimos años albergó a más de 5 mil personas privadas de la libertad en distintas épocas, y su sostenimiento implicó un gasto anual cercano a 727 millones de pesos.
Sin embargo, el 18 de febrero de 2019, el gobierno federal ordenó su cierre tras 113 años de funcionamiento, reubicando a 659 internos a centros penitenciarios continentales; desde entonces, las islas comenzaron su transformación hacia un proyecto de conservación ambiental y turismo ecológico.
Antes de ser colonia penal, el archipiélago perteneció entre 1879 y 1905 a la familia comerciante tepiqueña integrada por Manuel Carpena y Gila Azcona de Carpena; en ese periodo, las islas fueron un activo económico valioso por la explotación de maderas preciosas, principalmente cedro, actividades pecuarias y salineras.
Manuel Carpena estableció contratos con la empresa ferroviaria para suministrar durmientes, lo que convirtió a las islas en un centro estratégico para la economía regional.
En 1905, el gobierno federal adquirió las Islas Marías por 150 mil pesos, con la finalidad de establecer ahí la colonia penitenciaria.
La penitenciaría Islas Marías fue fundada el 12 de mayo de 1905 y se caracterizó por el aislamiento natural que proporcionaban las aguas infestadas de tiburones, que funcionaban como un sistema de contención que dificultaba cualquier intento de fuga.
Esta peculiaridad, junto con la distancia con el continente, constituyó un modelo único de prisión insular.
Sin embargo, las condiciones de reclusión generaron críticas relacionadas con la dificultad para que los internos tuvieran contacto con familiares y defensores legales, así como denuncias por la opacidad en la administración penitenciaria.
Tras la decisión de cierre en 2019, las Islas Marías comenzaron a consolidarse como una reserva ecológica con una extensión de 5 mil 127 kilómetros cuadrados, que resguarda especies animales que en otras regiones del continente se consideraban extintas.
El 15 de octubre de 2022 se inauguraron dos ferris para promover el turismo ecológico hacia el archipiélago y se abrió el museo “Muros de Agua” —en honor al escritor José Revueltas, quien estuvo prisionero en el lugar en dos ocasiones; la primera vez en 1932 y en 1934 hasta febrero de 1935—para visibilizar la historia y la biodiversidad del lugar.
Actualmente, las islas son un destino que combina la conservación ambiental con la educación y el turismo responsable.
Contraste con el ‘Alligator Alcatraz’ de Trump
En contraste, el pasado 1 de julio de 2025, Estados Unidos inauguró la prisión migratoria ‘Alligator Alcatraz’ en Florida, promovida durante la administración de Donald Trump, presumida por estar rodeada de caimanes, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de Miami.
Esta cárcel aislada ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que señalan violaciones a tratados internacionales sobre el trato digno a personas migrantes.
Este modelo de aislamiento y exclusión revive prácticas que México dejó atrás con el cierre de las Islas Marías, y plantea un debate sobre el respeto a los derechos humanos y las políticas migratorias en la región.
Las Islas Marías, como centro penitenciario, estuvieron sujetas a normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y condiciones carcelarias.
Sin embargo, el aislamiento extremo como mecanismo de contención sigue siendo cuestionado.
Es observado por tratados como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (ONU, 1990), las Reglas Mandela de Naciones Unidas para el tratamiento de personas privadas de libertad.
El Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que cualquier persona privada de su libertad debe contar con un trato digno, acceso a comunicación con familiares y defensa legal, condiciones complejas de garantizar en entornos tan remotos como las Islas Marías.
La transformación de las Islas Marías, de una colonia penitenciaria rodeada de tiburones a un espacio protegido para la conservación ambiental y el turismo educativo, representa un avance en materia de derechos humanos y memoria histórica en México.
Mientras tanto, la reapertura de cárceles aisladas para migrantes en Estados Unidos plantea dudas sobre el cumplimiento de compromisos internacionales y los estándares mínimos para el trato digno a las personas, durante la segunda administración de Trump, de los que se esperan informes y señalamientos de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Comentarios