El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por terminada la investigación por los videos en que se aprecia a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo paquetes de dinero, sin haber podido documentar ninguna irregularidad.
En agosto de 2020 salieron a la luz videos en los que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero de David Eduardo León Romero, entonces Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Latinus publicó que los recursos serían destinados a actividades político-electorales de Morena.
La consejera electoral Carla Humphrey afirmó que tras solicitar información bancaria no se acreditó la conducta denunciada.
“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado”.
Humphrey dijo que es urgente que el INE fortalezca sus herramientas de fiscalización y que todas las autoridades abran sus archivos cuando se les solicite.
El consejero Jaime Rivera recordó que en octubre de 2022 la Fiscalía de Delitos Electorales determinó no ejercer acción penal.
El representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, sostuvo que el caso fue ‘inflado mediáticamente’ para atacar el gobierno de López Obrador.
Este procedimiento es la crónica de una calumnia anunciada, un montaje mediático lleno de falsedades y mentiras que, sin embargo, se ha topado con la pared de la realidad jurídica.
Por más allá del escándalo de los titulares de ocho columnas, existe la contundencia de los hechos y de la seriedad de las instituciones.
Lo que la oposición presentó como la gran trama de financiamiento ilegal, resultó ser, a ojos de la ley, un caso sin sustento alguno.
Cinco años de investigación en palabras de Humphrey:
…Se inició la investigación que se ha prolongado durante cinco años.
La Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al propio Partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los videos, incluidos a David Eduardo León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con León Romero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.
Durante la sustanciación se recibieron diversas respuestas que en lo general no acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares.
Debo subrayar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó, como en el caso que veíamos antes, entrega de la información solicitada, lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación…
…Se verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables, fiscales, se analizó documentación, soporte y registros contables, incluso se consideraron peritajes técnicos al material audiovisual, sin embargo de nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada, no hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado.
Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización.
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