Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó este miércoles una conferencia de prensa junto a otros funcionarios de Gabinete de Seguridad para dar más detalles sobre el envío de 26 presos desde México a Estados Unidos.
El titular de la SSPC reiteró que se realizó con total “respeto a la soberanía y respeto a la reciprocidad” de ambos países, acordando así que no se solicite la pena de muerte a ninguno de los enviados.
Procedió a informar que el traslado, por razones de seguridad, fue debido a que, “aún privados de su libertad, continuaban (los enviados) dirigiendo actividades ilícitas durante visitas” en los centros de detención, y que estas reuniones, por cuestiones de derechos humanos, no pueden prohibirse.
Añadió que estas personas mantenían “operaciones criminales”, amenazaban a funcionarios y “extendían redes de corrupción e intimidación”.
De la misma manera, varios habían conseguido amparos para permanecer encerrados en cárceles o centros de baja seguridad. Asimismo, trabajan en búsqueda de acuerdos para libertad anticipada.
En esencia, se entregaron a Estados Unidos para “impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios” y otros delitos de alto impacto, generando “violencia y miedo en comunidades”.
“(En Estados Unidos, hay) procedimiento abierto, el traslado es principalmente para las víctimas mexicanas […] donde muchas veces lamentablemente, desde prisiones siguen operando”.
¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan.
En el traslado de los presos participaron 988 elementos y 90 vehículos de diversas entidades de seguridad; se les llevó a la Base Aérea Militar Número 1 y, en 11 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y una de la Secretaría de Marina (Semar), se les envío a Estados Unidos.
Ocho fueron enviados a White Plains en Nueva York; uno a John F. Kennedy, igual en NY; seis a Dulles, Virginia; seis a Phoenix, Arizona; cinco a San Diego, California.
Tras salir de los centros de reclusión, no se han reportado incidentes de ningún tipo dentro de estos, y operan con normalidad.
Pena de muerte no se negocia
En tanto, durante su participación, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, atendió las dudas en torno a la solicitud de no aplicar pena de muerte a ninguno de los enviados:
“En México no existe ni se aplica la pena de muerte”, esto según lo establecido en la Constitución y en las leyes nacionales, por lo que “se defenderá” a cualquier persona de nacionalidad mexicana, a la que se le busque aplicar la pena.
En cuanto a los criterios del envío, y si estos tuvieron alguna diferencia con el primero que se realizó a Estados Unidos, de 29 presos, Gertz afirmó no hay “ninguna”.
Es exactamente lo mismo y es lo mismo que vamos a seguir haciendo.
Recordó además que “no es Ley de Extradición” bajo la cuál se entregaron a EU, “es Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5”.
Asimismo, no se exigió nada a cambio de mandar a estas personas: estas “solicitudes no se negocian, se basan en razones jurídicas en procesos establecidos en cada país”.
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