La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X que inició un recurso de apelación contra la decisión de la Jueza Federal de Control, Alejandra Domínguez Santos, tras decidir no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, probable responsable de la adquisición ilegal de Pegasus.
Por la compra de los equipos de espionaje realizada por la entonces Procuraduría General de la República en 2014, la FGR solicitaba la vinculación a proceso de la anteriormente señalada funcionaria. Sin embargo, tras dos años y medio de “retraso ilegal”, la jueza concedió audiencia para determinar la no vinculación por los siguientes delitos:
– Uso indebido de atribuciones y facultades al incumplir la obligación de supervisar dicha contratación ilegal, según lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la entonces PGR.
– Peculado, al participar en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras.
– Fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que claramente dañó gravemente el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor.
– Asociación delictuosa, al participar en los delitos anteriormente señalados, en conjunto con otros servidores públicos de la Institución.
“En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”, se lee en el comunicado.
A pesar de las pruebas antes citadas, fue que se resolvió la no vinculación que es ahora apelada.
Asimismo, se informó que se iniciará “de inmediato” a la jueza de control, Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia.
Con relación a Pegasus, cabe recordar que la periodista Carmen Aristegui tiene el ‘triste honor’ de ser la primera víctima reconocida judicialmente, con su caso siendo uno de los primeros conocidos en torno al uso del software desarrollado por el Grupo NSO, un fabricante de ciberarmas israelí.
En enero de 2023, el juez de control Luis Benítez Alcántara dictó sentencia absolutoria a favor de Juan Carlos García Rivera, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser uno de los autores del delito de intervención ilegal de comunicaciones en contra de Aristegui con Pegasus.
Al dictar sentencia, el juez consideró acreditado que el teléfono de la periodista sí fue intervenido con Pegasus entre 2015 y 2016, tal como fue demostrado durante las comparecencias del juicio por los expertos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
El juez también concedió que los ataques ocurrieron a raíz de su actividad periodística sobre casos de corrupción en las altas esferas políticas durante la administración anterior, como la investigación sobre la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto. Además, señaló que la intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial representa un agravio para la periodista, cuyo objeto fue inhibir su labor y poner en riesgo su integridad, la de sus allegados y fuentes.
Sin embargo, Benítez Alcántara consideró que la Fiscalía no probó de manera suficiente que García Rivera hubiese participado de forma directa en la intervención ilegal de comunicaciones privadas de Aristegui, por lo que ordenó su liberación inmediata.
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