Esto respecto los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Por lo tanto, ordenó su inmediata liberación, que se dio finalmente el pasado 01 de agosto.
Esta decisión judicial ocurrió después de casi dos décadas sin que se emitiera una sentencia definitiva en el caso, tiempo durante el cual Vallarta permaneció en prisión preventiva.
En julio pasado, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito concedió un amparo para revisar esta medida cautelar, reconociendo que se había desestimado indebidamente una solicitud de la defensa para modificar la prisión preventiva.
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Ello, en atención a recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. Dichas recomendaciones pedían aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad debido al deterioro de la salud de Vallarta.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó que la resolución del tribunal obligaba al juzgado a convocar a una audiencia para revisar la medida cautelar, con la intención de acelerar la liberación de Vallarta.
El caso de Israel Vallarta mantuvo denuncias de tortura y un polémico montaje televisivo relacionado con su detención, elementos que han sido cuestionados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Además, puso en duda la validez de las pruebas utilizadas por la Fiscalía General de la República.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció recientemente la obligatoriedad de las medidas provisionales emitidas por órganos internacionales como el Comité contra la Tortura.
Implica que el Estado mexicano debe cumplir con sus compromisos para garantizar los derechos humanos de Vallarta y evitar la prolongación injustificada de su encarcelamiento.
Lo sucedido con Vallarta vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la justicia, la prisión preventiva prolongada y el respeto a los derechos humanos en México.
El caso Vallarta
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, su entonces pareja, acusado de formar parte de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”.
Su caso ganó notoriedad pública luego de que su detención fuera transmitida en televisión como un operativo en vivo a cargo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), el cual más tarde se confirmó que había sido un montaje.
Florence Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión, pero en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación al concluir que sus derechos fueron vulnerados desde su detención, incluyendo la falta de acceso consular inmediato y la manipulación del proceso, luego volvió a Francia.
El caso fue considerado emblemático a partir de las fallas estructurales del sistema penal mexicano, sobre todo por el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva.
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