A diez años del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete en la colonia Narvarte, familiares de las víctimas la organización ARTICLE 19 denunciaron que la impunidad persiste sobre el caso.
“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”, señalaron en un comunicado.
Acusaron que durante una década han enfrentado “negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad”.
Desde el inicio de la investigación, las autoridades negaron cualquier vínculo del crimen con la labor periodística de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera, quienes habían salido de Veracruz tras recibir amenazas.
ARTICLE 19 recordó que durante el gobierno de Javier Duarte, de 2010 a 2016, “17 periodistas fueron asesinados y 3 más desaparecidos”, lo que convirtió a Veracruz en una de las entidades más peligrosas para la prensa.
El caso Narvarte desmintió la idea de la Ciudad de México como ‘refugio seguro’ (…) lo ocurrido evidenció que la persecución política y la violencia contra periodistas y activistas no se detienen en las fronteras estatales.
Las familias y sus representantes legales han sostenido la investigación de forma independiente durante estos años, impulsando diligencias, solicitando acceso a la información e identificando omisiones.
Fue gracias a estos esfuerzos que, en 2021, se accedió por primera vez a copias completas de la averiguación previa y a evidencia digital que estuvo retenida por más de seis años.
Ese análisis reveló que al menos diez personas participaron en una operación planificada y que hubo un segundo vehículo involucrado.
También se documentó un posible encubrimiento institucional. Sin embargo, la Fiscalía no reconoció estos hallazgos, sino hasta que fueron difundidos públicamente en 2022.
Pese a estos avances, señalaron que “ninguna de las líneas de investigación ha sido agotada: ni la relacionada con Veracruz, ni con trata de personas, ni con crimen organizado”.
Asimismo, criticaron que la Fiscalía tardó cuatro años en formular un plan de investigación formal.
Entre las omisiones destacaron la pérdida de evidencia clave y la falta de sanción a funcionarios públicos responsables de filtraciones y actos que obstaculizaron la justicia.
Estas omisiones fortalecen la hipótesis de que algunos involucrados pudieron haber sido protegidos institucionalmente.
La organización recordó que la Recomendación 4/2017, emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sigue sin cumplirse.
Ante este panorama, ARTICLE 19 y las familias exigieron que se agoten todas las líneas de investigación pendientes, especialmente las vinculadas al trabajo periodístico y la defensa de derechos humanos.
También, que se sancione a los responsables materiales e intelectuales, así como a servidores públicos que incurrieron en irregularidades, y que se cumpla en su totalidad la recomendación de derechos humanos.
“A diez años, en ausencia de verdad y justicia, la memoria se siembra en las calles y así florece”, concluyeron.
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