Este martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su Informe de Derechos Humanos del 2024, en el que señaló que persisten en México graves violaciones a las libertades de la ciudadanía.
El reporte resalta que “no existen cambios significativos” en la situación de México y que los delitos cometidos por el crimen organizado son la mayor amenaza, junto con las tasas altas de impunidad e investigaciones que nunca llegan a condenas.
Además, documenta asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, tanto por parte del crimen organizado como de agentes estatales. Asimismo, advierte sobre violencia e intimidación contra periodistas que derivan en autocensura.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los delitos cometidos por el crimen organizado son la mayor amenaza, junto con las tasas altas de impunidad e investigaciones que nunca llegan a condenas.
Además, consigna reportes en medios que señalan agentes gubernamentales como cómplices de grupos criminales internacionales, así como bajas tasas de enjuiciamiento y condena en los casos de abusos que involucraban a dichos agentes.
Estados Unidos destacó un caso ocurrido el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando 25 personas fallecieron durante un enfrentamiento entre agentes de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad Niños Héroes.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expusieron que 25 personas fueron asesinadas, incluidos civiles mientras esperaban transporte en ferry. No obstante, las autoridades solo declararon la muerte de 10 y ninguno de los elementos de seguridad implicados fueron enjuiciados.
Prensa en la línea de fuego
En la sección titulada “Libertad de Prensa”, el informe reporta que a lo largo de 2024, los periodistas fueron asesinados, víctimas de agresiones físicas, ciberataques, acoso e intimidación, especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales.
El documento añade que estos ataques limitaron la capacidad de los medios para investigar y reportar, ya que muchos de los reporteros asesinados cubrían temas de crimen, corrupción y política local.
Los altos niveles de impunidad, incluso en casos de asesinatos o ataques contra periodistas, derivaron en autocensura y una reducción de la libertad de expresión.
Uno de los casos que destaca el Departamento de Justicia es el asesinato cometido contra cinco periodistas en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Colima durante el año pasado.
En algunas regiones, grupos criminales amenazaron o atacaron directamente a periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales que los criticaban.
Otra forma de censura e influencia es la manera en que el gobierno asigna los contratos de publicidad, destinando en 2023 más de la mitad del presupuesto federal de publicidad a solo 10 medios.
(Con información de EFE)
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