El senador morenista Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta, defendió la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada el pasado fin de semana, y sostuvo que representa una mejora sustancial, tanto frente a la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum como respecto a la ley vigente desde 2014.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, aseguró que la iniciativa presidencial “se corrigió en una gran proporción” y que los ajustes hecho a la iniciativa “permiten afirmar con absoluta certeza que estamos ante un mejor instrumento”.
Corral criticó que la oposición no reconozca que se integraran diversas voces en el dictamen final: “Cuando se hace un esfuerzo de integración de las voces diversas, cuando se escucha a especialistas, expertos, etcétera, y se corrige una legislación, ni siquiera en ese escenario son capaces de reconocerlo”.
El legislador morenista lamentó la postura de los partidos de oposición, en especial del PAN y PRI, a quienes acusó de retomar intereses empresariales: “A mí me parece realmente muy penoso, muy grotesco, que la oposición termine haciendo una descalificación, incluso cuando el gobierno rectifica”.
Apuntó que ello no solo envilece la tarea opositora, tan importante en un régimen democrático, sino que le quita “toda calidad moral, toda credibilidad”.
Explicó que las impugnaciones de la oposición se centraron en solo dos artículos: la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles y la posibilidad de suspender transmisiones que violenten derechos de las audiencias o la programación infantil. “Estos son los dos temas fundamentales con los que cerraron sus posturas”.
Recordó que estos artículos ya estaban vigentes desde 2014: “Si tú lees el dictamen que hemos aprobado, en estos dos temas que impugnan el PAN y el PRI, te darás cuenta que son exactamente el mismo texto de la ley vigente del 2014”.
El nuevo diseño institucional
No obstante, Corral reconoció que uno de los puntos críticos era el rediseño del órgano regulador, tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): “Desde que conocí el proyecto de dictamen, expresé públicamente —en un mensaje en redes— mi preocupación por concentrar tal cantidad de atribuciones en una agencia, una superagencia que tiene una configuración, pues, como las secretarías: unipersonal”.
Se refirió así la recientemente creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Sin embargo, destacó la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender estas preocupaciones: “Reaccionó de una manera increíble, positiva, y convocó a un grupo de legisladores y de miembros de la Agencia para discutir este diseño. A mí personalmente me invitó a participar”.
En ese sentido, defendió que el nuevo esquema creara la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones “sin la autonomía que tenía el IFT”, pero que “prácticamente en términos de atribuciones es lo mismo”.
“Se queda con toda la parte regulatoria, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de dirigir la política pública. […] Tendrá a su cargo las decisiones sobre otorgamiento, revocación y renovación de concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones”.
Derechos de las audiencias y medios públicos
Uno de los ejes destacados por Corral fue la restitución de los derechos de las audiencias: “Se restituyeron en la ley los derechos de las audiencias. Esto es muy importante. Se habían eliminado en la propuesta del PRIAN de 2014 que promovió la industria, y particularmente Televisa”.
Además, dijo que se reforzó la figura del Defensor de las Audiencias “para que deje de ser, como estaba en la actual ley, una figura decorativa, y realmente tenga posibilidades de recomendación y cuide mucho los vínculos entre el defensor y el medio”.
Sobre la suspensión suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en materia de derechos de las audiencias y programación infantil, apuntó que no se le cambió “ni una coma” a lo que ya establecía la legislación.
Incluso, señaló que se restituyó la atribución que había sido eliminada de la iniciativa presidencial. “Qué dice ese artículo? Dice que la Comisión Reguladora tendrá a su cargo la parte de vigilancia de contenidos, como ahora lo tenía también el propio IFT. Y, obviamente, tendrá que tener un área especializada, como lo tenía el IFT en esta materia, para, con relación a lo que la ley señala en términos de derechos de las audiencias, generar una observación, un monitoreo y, obviamente, exigencias para su cumplimiento”.
También dijo que se restablecieron principios fundamentales para los medios públicos: “No solo la rendición de cuentas, la transparencia, sino precisamente su carácter de medios públicos de Estado, no de gobierno”.
Sobre la geolocalización y el Registro de Usuarios
En cuanto a la geolocalización de dispositivos móviles, Corral indicó que se mantiene sin cambios a lo que ya se establecía en 2014. “Hay que decirlo como es, pues ha sido vigente por más de una década, ha servido de base legal para cientos de colaboraciones con las autoridades en materia de secuestro, de desaparición de personas, de protección de la vida. Y su redacción señala expresamente que la colaboración será en los términos que establezcan las leyes aplicables”, apuntó, en alusión a la materia penal, de derechos humanos y de control jurisdiccional.
Añadió que la redacción se apega al Código Nacional de Procedimientos Penales: “Para que, una vez que la autoridad pueda requerir a un operador la geolocalización en tiempo real, tenga que ratificar esa solicitud ante un juez de control 48 horas después”.
“Exigir una orden previa en situaciones de urgencia o flagrancia —como podría implicar una desaparición en curso— ralentiza la respuesta estatal, de por sí muy cuestionada, en términos de los nuevos sistemas de procuración de justicia”, aseguró.
Sobre el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dijo que “únicamente permanecerá que las personas se identifiquen ante el operador para comprar un chip”, por motivos de seguridad pública.
Enfatizó que el nuevo dictamen, que tendrá que ser aprobado por la Cámara de Diputados, restituye la figura de la consulta pública: “Para todas las regulaciones que emita el nuevo regulador, deberá abrirse un proceso de consulta pública”.
Imagen: IA/AN (MDS)
A César Duarte “lo ha protegido María Eugenia Campos”
En el tramo final de la entrevista, Javier Corral se refirió al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y al reciente fallo de una corte estadounidense. Dijo que las autoridades de Estados Unidos “no lo absolvieron de nada, ni lo exoneraron de nada —menos lo santificaron, como ahora pretende hacer ver—”.
Relató que la demanda civil fue desestimada porque “el Gobierno de María Eugenia Campos bajó los brazos, nunca entregó la evidencia solicitada, su Gobierno dejó de colaborar”.
Aseguró que existía una oportunidad para recuperar al menos 50 propiedades en Estados Unidos, por un valor aproximado de 25 millones de dólares, pero “abandonaron el asunto para que este se quedara con esas propiedades”.
Corral afirmó: “María Eugenia Campos lo ha protegido, lo liberó, le ha regresado parte de sus bienes”.
Fotos: Facebook María Eugenia Campos/Cuartoscuro
#TelevisaLeaks: “Que no quede en la impunidad”
Antes de cerrar su participación, el senador felicitó a la periodista Carmen Aristegui y al equipo de Aristegui Noticias por la investigación #TelevisaLeaks: “Me parece que es una de las investigaciones que tiene mayor impacto en la exigencia del derecho a la información”.
“Y por lo tanto, yo creo que este es un tema que no debiera quedar en la omisión de las autoridades, y mucho menos en la impunidad. Ahí sí, se nos acabarían muchas cosas”, recalcó.
Concluyó: “Yo soy un convencido de que esta investigación ha tocado centralmente el derecho a la información de los mexicanos, y creo que debemos —todos, cada quien desde su trinchera—, hacer algo. Yo lo haré desde la mía, para que este tipo de situaciones no queden impunes”.
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