El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), conformado por las organizaciones Di-Sentir, Laboratorio Electoral, México Evalúa y Práctica: Laboratorio para la Democracia, presentó su informe final sobre la elección judicial 2024-2025, en el cual concluyó que el proceso careció de integridad y fue operado desde el poder con violaciones sistemáticas a los principios constitucionales.
“El PEE fue una elección carente de autenticidad, se operó desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio”, señala el Observatorio. Esta elección, según el informe, no puede ser considerada democrática ni en su fondo ni en su forma.
De acuerdo con el documento, “la elección judicial de 2025 fue un retroceso histórico. De fondo y de forma”. Según los hallazgos, el proceso respondió a una lógica de concentración del poder y debilitamiento de los contrapesos, en lugar de mejorar el acceso a la justicia. “Esta fue —y no es exageración— la primera elección, desde la transición democrática, que no puede calificarse como democrática”.
El OEJ documentó irregularidades desde la fase de reforma constitucional hasta la jornada electoral. Uno de los ejemplos destacados es el diseño de las boletas, el cual generó ventajas estructurales para ciertas candidaturas. “Según sus estimaciones, de las 133 personas con altísimas probabilidades de ganar por el simple diseño de la boleta, 108 resultaron electas. Del otro lado, de las 304 con bajísimas probabilidades, 275 perdieron”.
El informe también reveló que 394 personas candidatas fueron beneficiadas con propaganda ilícita en redes sociales, con una inversión estimada de entre 2.2 y 3.1 millones de pesos. “Tal fue el impacto que la propia Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó al Observatorio que entregara la información. Lo hizo. Pero nada pasó”.
En cuanto al papel de las autoridades, el OEJ afirmó que “el INE resultó muy bueno para acosar a periodistas y organizaciones, pero pésimo para investigar ilegalidades y acordeones”. Además, advirtió que la Sala Superior del Tribunal Electoral “no se comporta como un tribunal constitucional, sino como una oficina de trámites del régimen”.
El informe final también denunció que el diseño geográfico de la elección judicial careció de criterios poblacionales y fue improvisado, afectando la representatividad. “La elección, por tanto, no fue un simple fracaso institucional, sino una manifestación de captura, donde las reglas y los árbitros se alinearon con el poder para producir un resultado predeterminado”.
El informe final incluye una serie de recomendaciones específicas para evitar que se repitan las irregularidades documentadas en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. En primer lugar, el OEJ propone que toda reforma judicial se base en un proceso de consulta amplio e incluyente, que involucre a jueces, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía
Además, sugiere fortalecer la independencia judicial mediante mecanismos claros para la selección, nombramiento y remoción de personas juzgadoras, así como establecer un marco temporal realista para la implementación de las reformas.
“Una reforma judicial efectiva y la garantía de elecciones democráticas en México requieren un enfoque multifacético que priorice la transparencia, la participación y la independencia institucional”, señala el Observatorio.
Entre las recomendaciones para los comités de evaluación, el informe enfatiza la necesidad de establecer requisitos mínimos objetivos que aseguren la independencia e imparcialidad de sus integrantes. También propone diseñar metodologías estandarizadas para la evaluación de candidaturas, evitar la duplicidad de postulaciones, prever criterios de idoneidad como los del esquema “8 de 8”, y prohibir que una misma persona se postule simultáneamente a cargos políticos y judiciales.
Asimismo, el OEJ recomienda que se garantice la publicidad permanente de toda la información generada durante el proceso y que las autoridades judiciales respeten las resoluciones emitidas por jueces y tribunales.
Revisa el informe completo aquí:
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