Elección judicial: Tres candidatas acusan supuesta violencia de género para censurar cobertura negativa

Dora Alicia Martínez Valero, Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Tania Contreras López son tres candidatas en la elección judicial del próximo 1 de junio que han intentado censurar a medios y periodistas que publicaron información crítica o negativa hacia ellas.

Las primeras dos buscan ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que la tercera intenta ser magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Dora, quien se hace llamar “la transformadora” y solía ser funcionaria de Televisa, pretendió censurar todos los reportajes de la investigación TelevisaLeaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” en su contra, pero el Instituto Nacional Electoral desechó su petición por improcedente.

El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la queja por unanimidad. Los consejeros determinaron que en 14 de 15 reportajes denunciados, Martínez Valero ni siquiera era mencionada.

En el único texto donde aparecía (por su relación con Televisa y el equipo de desprestigio conocido como “El Palomar”), el INE concluyó que no había lenguaje discriminatorio o de género, solo críticas por su trayectoria.

Así, el verdadero objetivo de la queja era silenciar el escrutinio público sobre sus vínculos con Televisa y Javier Tejado Dondé, señalado como operador del “Palomar”.

La magistrada federal Magda Zulema Mosri Gutiérrez, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia, logró que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara censurar un programa  en el que se hablaba de su trayectoria y vínculos familiares, bajo el argumento de que el contenido constituía “violencia política en razón de género”.

El periodista Álvaro Delgado, autor de la información, denunció la medida como un ataque a la libertad de expresión y reveló que la magistrada lo amenazó públicamente en redes sociales.

El conflicto surgió a raíz de un programa de SinEmbargo al Aire, transmitido el 29 de enero de 2024 en YouTube, donde Delgado mencionó que Mosri Gutiérrez —esposa del general Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la República— estaba en una “campaña de medios” para aspirar a una posición en la SCJN.

La magistrada presentó una queja ante el INE, acusando al comunicador de incurrir en “violencia política de género”. El órgano electoral, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias —integrada por las consejeras Claudia Zavala y Rita Bell López, así como por el consejero Arturo Castillo Loza—, accedió a su solicitud y ordenó a Google (dueña de YouTube) eliminar el contenido, sin notificar previamente al periodista.

Álvaro Delgado rechazó las acusaciones y aseguró que su trabajo se limitó a difundir información verificable y de interés público. “Nada de lo que dije es falso. Mosri Gutiérrez misma ha hecho públicos sus vínculos, incluido su matrimonio con Macedo de la Concha”, declaró.

Además, denunció que, al hacer pública la censura en su cuenta de X (antes Twitter), la magistrada lo amenazó con un mensaje directo: “Hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado. Yo no me dejo”.

El reportero cuestionó por qué, si la candidata asegura estar “orgullosa” de su vida personal y trayectoria, solicitó al INE ocultar como “datos protegidos” su identidad como demandante y la de su esposo. También señaló que Mosri Gutiérrez omite en su biografía oficial su pasado como diputada priista en Sonora y su cercanía con el exgobernador Manlio Fabio Beltrones.

Delgado recordó que tanto Macedo de la Concha como Beltrones estuvieron vinculados a polémicos episodios políticos, como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, cuando el primero era titular de la PGR y el segundo presidía la Cámara de Diputados. Asimismo, mencionó que archivos históricos revelan que ambos fueron agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen priista durante la “guerra sucia”.

“Son datos objetivos, no opiniones. La sociedad debe saber quiénes aspiran a gobernar o impartir justicia“, insistió el periodista.

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) impuso medidas cautelares de censura previa contra el periodista Héctor de Mauleón y el periódico El Universal, ordenándoles retirar una columna que vinculaba a la candidata a magistrada Tania Contreras López con una presunta red de corrupción relacionada con el huachicol.

La decisión, respaldada por el Tribunal Electoral del estado, fue calificada por Artículo 19 como un ataque a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información.

El 1 de mayo, De Mauleón publicó en El Universal la columna “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, basada en documentos filtrados de la SEDENA (por el colectivo Guacamaya) y una investigación de Código Magenta.

Ahí señaló que un oficio del general Luis Cresencio Sandoval pedía investigar a Juan Carlos Madero Larios, exfuncionario aduanal y presunto familiar de Contreras López, por presunta corrupción y tráfico de huachicol. También destacó los vínculos políticos de la candidata, aspirante a magistrada por Morena.

Contreras López presentó una queja por calumnia y violencia política de género ante el IETAM, que inicialmente la desestimó. Sin embargo, al impugnar ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, este revirtió la decisión y ordenó un procedimiento sancionador contra De Mauleón. El 15 de mayo, el IETAM notificó al periodista la censura: retirar la columna y abstenerse de publicar sobre la candidata.

De Mauleón denunció que dos de los cinco magistrados del tribunal tenían vínculos con Contreras López: Selene López Sánchez, prima de la candidata, y Ricardo Arturo Barrientos Treviño, exsubordinado del esposo de Contreras.

Por su parte, la organización Artículo 19 señaló que la decisión del tribunal tamaulipeco “comprometió la imparcialidad del proceso y violó estándares de derechos humanos”. La organización rechazó las medidas por:

– Ser desproporcionadas: Equivalen a censura previa, prohibida por estándares internacionales.

– Violar el debido proceso: No hubo análisis previo de legalidad, legitimidad o proporcionalidad.

– Afectar el interés público: La información sobre corrupción y vínculos políticos debe protegerse, no censurarse.