El papel de Hugo Aguilar, próximo ministro presidente, en la validación de dos megaproyectos de AMLO

El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de las elecciones judiciales celebradas el pasado domingo 1 de junio. Si bien la llegada de un candidato indígena al Máximo Tribunal ha sido celebrada y comparada con el hito marcado por Benito Juárez, también ha despertado críticas por su polémico papel en los megaproyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interocéanico.

Aguilar Ortiz fue el responsable de coordinar las consultas entre comunidades indígenas para avalar ambos proyectos. En el caso del Tren Maya, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que el proceso de consulta no cumplió con los estándares internacionales en la materia.

Por ejemplo, las consultas para este megaproyecto, tildado de ecocida por diversas organizaciones ambientalistas y el Tribunal Internacional de Derechos de Naturaleza, se realizaron sin presentar los estudios de impacto ambiental.

“La Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”, consignó  la ONU-DH.

“En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades“, expuso como parte de las irregularidades que buscaron legitimar el proyecto insignia de López Obrador.

Sobre las consultas del Corredor Interoceánico también pesan señalamientos de posible simulación e imposición. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que el proceso de consulta incumplió con estándares internacionales.

“Como lo estipularon pueblos indígenas nahuas y popolucas de la región en sus actas de asamblea, rechazando el proyecto de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec: para esta pretendida consulta, ‘invitaron solo a algunas autoridades de las comunidades indígenas de la región sin un previo proceso de información en sus respectivas comunidades, por lo cual las autoridades no podían hablar a nombre de sus comunidades que ni siquiera estaban informadas’”, dice el comunicado del CEMDA firmado por 125 organizaciones y activistas.

La oposición al Tren Interoceánico ha enfrentado procesos de persecución e incluso de violencia. Arnoldo Nicolás Romero, un comisario ejidal de San Juan Gichicovi, Oaxaca, fue asesinado en enero de 2025.

Tal como documentó Mongabay, Arnoldo formó parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), la cual se oponía al Tren Interoceánico.

Una de sus compañeras, Juana Inés Ramírez Villegas enfrenta, junto a otras 23 personas defensoras, un proceso penal abierto por sus acciones de resistencia contra el tren, documentó el citado medio.

En septiembre de 2024, más de 20 organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec presentaron un informe sobre las agresiones vividas por pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras entre mayo 2021 y mayo 2024 en el marco de las obras del proyecto del Corredor.

En marzo del 2020, Rolando Vásquez Pérez renunció a su cargo como jefe de plazas en la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tras ser denunciado por operar un grupo en WhatsApp donde se comparten fotografías íntimas de mujeres indígenas.

En el grupo, titulado “Sierra XXX”, participaron también funcionarios del gobierno de Oaxaca, que era encabezado por el entonces priista y hoy morenista Alejandro Murat Hinojosa.

El chat fue denunciado inicialmente por la defensora de derechos humanos Sandra Estefana Domínguez Martínez. 

El escándalo provocó que el INPI emitiera un comunicado deslindándose de los hechos, argumentando que el asunto era de la esfera personal de Vásquez Pérez.

“La Dirección General del Instituto ha instruido a todos los funcionarios públicos de la institución, su firme decisión de que habrá cero tolerancia a la violencia de género, de tal forma que, quien cometa dichos actos, serán investigados por los órganos internos de control y se dará vista a las autoridades investigadoras competentes”, dijo en 2020 el INPI.

No obstante, tres años después, la activista que destapó el caso denunció que el caso se mantenía en la impunidad. 

En octubre de 2024, cuando el morenista Salomón Jara gobernaba Oaxaca, Sandra y su esposo fueron reportados como desaparecidos. En abril del 2025, los cuerpos sin vida de ambos fueron localizados en Veracruz.

Sobre este caso, el abogado y activista oaxaqueño Joaquín Galván denunció en redes sociales que cuando Sandra Domínguez denunció a los funcionarios por su participación en el grupo, “el equipo jurídico del INPI encabezado por Hugo Aguilar envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio”.

En ese entonces, Aguilar Ortiz era coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Además de esto, un personaje cercano al futuro ministro presidente, Adelfo Regino, desestimó las denuncias sobre el chat.

“Son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de WhatsApp“, dijo quien entonces era titular del INPI y ahora en redes sociales presume su cercanía con Aguilar Ortiz.