El analista político Jorge Alcocer advirtió que la reforma legal que da paso a la CURP biométrica no tiene como propósito la búsqueda de personas desaparecidas, como argumentan sus impulsores, sino que constituye un mecanismo de control y vigilancia sobre la población.
Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, dijo que se trata del primer paso hacia una reforma electoral cuyo objetivo es concentrar el control del padrón en el gobierno federal.
En entrevista con Aristegui en Vivo, Alcocer sostuvo que el país vive “el proceso más arreglado y más destructivo de cambios al sistema constitucional y legal en México que hayamos visto”.
Señaló que en apenas diez meses, a partir del 1 de septiembre de 2024, se ha alterado de forma radical el entramado constitucional que sostenía al Estado de derecho.
Con todas sus deficiencias e imperfecciones, era la base de nuestra germinal democracia. Eso ya no existe.
De acuerdo con el analista, esta transformación se ha realizado mediante “el uso de una mayoría ilegítima, inconstitucional, mayoría calificada, obtenida de la manera que aquí se ha comentado en la Cámara de Diputados y de manera aún peor, en la Cámara de Senadores”.
Explicó que la llamada CURP biométrica fue incorporada dentro de una reforma a la Ley General de Población en un contexto ajeno, específicamente en un paquete legislativo sobre desapariciones involuntarias.
“¿Por qué metieron ahí de contrabando, bajo la mesa, la reforma a la ley de población para crear la CURP digital, ponerle foto y tomar huellas digitales de todos los mexicanos?”, cuestionó Alcocer.
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El especialista detalló que, hasta ahora, la CURP es una clave alfanumérica de 18 caracteres que surge del acta de nacimiento de cada persona, “es como un Registro Federal de Contribuyentes, tiene la misma lógica”, explicó.
Alcocer señaló que actualmente existen entre 150 y 160 millones de claves activas y que el registro se elabora a partir de los datos proporcionados por los registros civiles del país y se concentra en el Registro Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, la reforma aprobada transforma la CURP en un documento de identificación con fotografía y datos biométricos obligatorios.
Por ello fue enfático en señalar que esto no ayudará en la localización de personas desaparecidas.
No va a servir para localizar a las personas desaparecidas porque esos miles y miles de mexicanas y mexicanos desaparecieron antes de que se produjera esta reforma, no van a poder dar sus biométricos.
Para el analista, este argumento oficial es un pretexto para justificar un avance hacia el autoritarismo, ya que consideró, “es una reforma para control y vigilancia, primero de toda la población, y segundo, es el primer paso para quitar la credencial del INE y llevarse el padrón electoral a control del gobierno“, sostuvo.
A juicio de Alcocer, lo que se busca es desplazar a la credencial de elector —el documento de identidad más utilizado en el país— y reemplazarlo con una nueva credencial de CURP expedida por la Secretaría de Gobernación.
Esta posibilidad, dijo, ya se encuentra contemplada en la ley mediante la adición del artículo 91 Bis, que establece que la CURP será un “documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”.
“Si los bancos dejan de aceptar la credencial para votar y te piden que muestres tu clave única de registro de población, tu nueva CURP, la gente, los jóvenes, van a dejar de inscribirse en el padrón“, advirtió.
Sostuvo que, a largo plazo, esto abriría la puerta para que el voto pueda realizarse sin necesidad de la credencial del INE, debilitando así al instituto.
Además, Alcocer alertó que esta reforma viola al menos dos artículos de la Constitución; el primero es el artículo 4°, que garantiza el derecho a la identidad mediante el acta de nacimiento y no mediante una base de datos biométrica controlada por Gobernación.
El segundo es el artículo 36, que establece como obligación ciudadana la inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos, no en el Registro Nacional de Población.
Dijo también que la inexistencia actual de una CURP con foto y biométricos vuelve inviable el cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la reforma, que establece un plazo de 90 días naturales para que todas las instituciones públicas y privadas adopten esta nueva versión como requisito.
¿De dónde va a salir el dinero para ponerle a 160 millones de claves únicas de registro de población los biométricos?, ¿o es lo que le van a quitar al INE cuando le quiten el padrón y los presupuestos?
Asimismo, Alcocer subrayó que el fondo de la reforma es político y no técnico.
“Reitero y repito, no es contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, no es dar respuesta a la exigencia de las madres buscadoras, es cerrar el círculo de la vigilancia policiaca con base militar, con instrumentos militares sobre la población”, sentenció.
Finalmente, señaló que con estas determinaciones legislativas, se está “avanzando de manera acelerada a un autoritarismo de corte militar y policiaco”, que es antesala, a “ver las medidas para tomarse lo que les falta, el sistema electoral“.
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