El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) intentó aprobar una propuesta para mantener en funciones a 87 juzgadores, pese a que ya habían perdido su plaza conforme a la reforma judicial, advirtió la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C..
Sin embargo, en entrevista para Aristegui en Vivo, detalló que esta propuesta no fue aprobada debido a la falta de mayoría calificada.
Molina de la Puente afirmó que “había una propuesta de la Comisión de Adscripciones, que está formada por el consejero Bátiz, la consejera Celia Maya y el consejero Molina, que proponían al Pleno del Consejo de la Judicatura 87 adscripciones”.
Precisó que esta propuesta consistía en cambiar de plaza a personas juzgadoras que, de acuerdo con el mecanismo de insaculación aprobado por el Senado, debían concluir su encargo en 2025, para ubicarlas en plazas con vigencia hasta 2027.
Señaló que uno de los principales motivos por los cuales no prosperó la propuesta fue la falta de información suficiente para tomar una decisión fundamentada:
“Esta propuesta la pasan con menos de 24 horas de anticipación, sin los documentos soporte, entonces no se sabía exactamente bien a bien por qué y a quién se estaba moviendo”.
La magistrada indicó que la consejera Celia M9aya reconoció que existían 150 solicitudes de cambio, pero sólo se proponían 87 movimientos.
Molina de la Puente advirtió que no se explicó por qué se eligieron esas personas ni si incluían casos justificados por situaciones de vulnerabilidad. “No estábamos seguros tampoco que estén en la lista de estas 87 personas”, dijo. Agregó que su asociación había enviado previamente al CJF una lista con nombres de juezas en situación vulnerable, sin que su petición fuera atendida.
Molina de la Puente aseguró que una revisión aleatoria mostró que “la gran mayoría eran de los que habían perdido la elección y que no tenía ningún tema de vulnerabilidad”. Añadió que existían irregularidades graves, como el caso de “una persona juzgadora a la cual se le estaba enviando a un órgano jurisdiccional donde trabaja su esposa”, lo cual contraviene las normas sobre nepotismo.
También mencionó que se pretendía mantener en funciones a jueces de distrito como magistrados, incluso cuando ya no ejercían el cargo de jueces.
“Ahora resulta que las personas juzgadoras son las que deberían quedarse para garantizar a los justiciables el ejercicio de la función”.
“La implementación de la reforma es un desastre”, y que “el desastre empieza porque tenemos un diseño de la reforma judicial que es un desastre en sí mismo”.
La magistrada insistió en que “parece burla que se diga que hay que ampliarle el nombramiento a ciertas personas juzgadoras por 2 años, porque se garantiza mejor la impartición de justicia, cuando lo que dio origen a la reforma es que estas personas juzgadoras no servíamos y que había que corrernos a todos”.
Molina de la Puente también alertó sobre el riesgo de parálisis en el sistema de justicia federal a partir del 1 de septiembre, cuando concluyen los encargos de los actuales juzgadores. Indicó que “en septiembre vamos a tener una paralización de justicia federal porque no hay suficientes jueces, juezas, tampoco hay suficientes magistrados o magistradas”.
La magistrada expresó su preocupación por la posibilidad de que el órgano de administración de justicia, aún no designado conforme a la Constitución, retome la propuesta para reincorporar a los juzgadores cesados.
“Probablemente recuperen personas juzgadoras, aunque ya estén cesadas […] lo cual sería una violación absoluta de la Constitución”, advirtió
Molina de la Puente añadió que si se reconocen fallas en la implementación, debería plantearse “una contrarreforma en la que yo esperaría que pudiéramos revisar seriamente cuáles son las fallas de lo que hicieron, del diseño que hicieron, de la implementación y que pudiéramos evitar esas fallas en beneficio de la sociedad”.
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