Por Estrella Pedroza | Periodista en Morelos
El Congreso de Morelos evalúa una reforma político-electoral que aspira a incrementar de 20 a 30 el número de curules en el Legislativo local, y al mismo tiempo intenta limitar la aplicación de acciones afirmativas que garantizan la participación de mujeres en presidencias municipales, conforme a una reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado.
Estas iniciativas fueron presentadas el miércoles durante una sesión extraordinaria convocada sin aviso previo y con una duración aproximada de diez minutos. Tras su recepción, fueron enviadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, donde se prevé su dictamen y votación antes del cierre del periodo ordinario.
Los proyectos son impulsados por el diputado del PAN, Daniel Martínez Terrazas.
El primero propone modificar el artículo 24 de la Constitución local y varios artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciendo una nueva distribución de diputados: 18 de mayoría relativa, 8 de representación proporcional y 4 de primera minoría.
El segundo proyecto busca modificar el acuerdo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en atención a la sentencia TEEM/JDC/15/2024, que ordena reservar 21 municipios para candidaturas exclusivas femeninas en las elecciones de 2027, con el fin de garantizar la paridad en presidencias municipales.
La propuesta ajusta el listado de municipios y elimina del mismo a Cuernavaca y Jiutepec, que son considerados estratégicos por varios grupos legislativos. En lugar de la reserva inmediata, se plantea un mecanismo de alternancia para 2030: los municipios gobernados por hombres deberán postular mujeres en el siguiente periodo, y viceversa.
Diputadas y diputados consultados bajo condición de anonimato indicaron que estas iniciativas forman parte de una negociación entre el PAN, Morena y otras bancadas del Congreso. Según estas versiones, el respaldo a las reformas de Martínez Terrazas estaría condicionado a apoyar una propuesta del Poder Ejecutivo para eliminar el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
La propuesta para desaparecer estos organismos es promovida por la gobernadora Margarita González Saravia y responde a una política federal de reorganización institucional basada en criterios de austeridad y eficiencia.
Ante posibles impugnaciones judiciales por afectaciones a la representación proporcional y paridad de género, el Congreso local acelera los procesos de dictamen y votación.
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