Con pasado en el PRI y cercanía a Morena, Giovanni Figueroa llega a la SCJN

Giovanni Azael Figueroa Mejía, doctor en derecho constitucional, académico universitario y exfuncionario del Poder Judicial, fue electo el pasado domingo como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras participar en la elección impulsada por la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según los cómputos distritales judiciales del Instituto Nacional Electoral (INE), Figueroa Mejía obtuvo 3 millones 655 mil 744 votos, lo que representó el 3.13% de la votación entre los candidatos hombres.

Fue postulado por el Poder Ejecutivo mediante un proceso de insaculación —una modalidad que ha sido criticada por su opacidad y por favorecer a perfiles cercanos al oficialismo—, y contendió con el número 43 y el color morado.

Durante su campaña, Figueroa argumentó que su experiencia en órganos como el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal le ha permitido identificar las debilidades estructurales del sistema judicial.

Prometió trabajar para “romper la burbuja del Poder Judicial”, al que acusó de haberse alejado de la ciudadanía y de ofrecer justicia “sólo a quienes tienen poder o dinero”.

“Quiero poner al servicio de México mi experiencia y sensibilidad para acercar la justicia a todas las personas”, declaró durante la contienda.

Su perfil ha generado debate por su cercanía ideológica con Morena y con la llamada Cuarta Transformación, ya que en 2018, promovió el voto a favor de López Obrador en redes sociales, aunque posteriormente eliminó esas publicaciones.

También mantiene vínculos académicos con figuras como Loretta Ortiz, ministra de la Corte nominada por el expresidente y una de las fundadoras de Morena.

Sin embargo, su relación con la política no comenzó con el oficialismo actual.

De acuerdo con un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 28 de abril de 1999 —documento proporcionado por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) mediante una solicitud de información—, Figueroa fue candidato a regidor propietario por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio Tuxpan.

En 2016, fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según la resolución TEPJF- CI-UR-PA-001/201, al presentar fuera de tiempo su declaración patrimonial de conclusión como asesor de mando superior en la Presidencia de la Sala Superior.

Se le impuso una amonestación pública, sin que se tenga conocimiento de si este hecho fue considerado en su evaluación como aspirante a la Corte.

Académicamente, Figueroa ha dedicado más de dos décadas al estudio del derecho constitucional y del papel de la Suprema Corte; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit (1996–2001), maestro y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (2003–2009), y ha ocupado cargos como director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal (2013).

También fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (2016–2022), y actualmente coordina el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos (2023–2025).

Su obra académica se ha centrado en el funcionamiento de los tribunales constitucionales y de la Suprema Corte mexicana.

Ha sido citado en sentencias relevantes del Poder Judicial de la Federación y de tribunales estatales, así como en resoluciones de cortes constitucionales extranjeras.

De hecho, es el único de los candidatos a ministro mencionado explícitamente en la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial.

Críticos del proceso advirtieron que los mecanismos de selección, incluidos los sorteos y las postulaciones directas del Ejecutivo, podrían comprometer la independencia del Poder Judicial al beneficiar a perfiles afines al oficialismo, poniendo en riesgo la imparcialidad del máximo tribunal del país.

Con su elección, Figueroa Mejía se convertirá en uno de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en medio de transformaciones institucionales y una predominancia del partido oficial (Morena) en los poderes públicos.