CCIS pide a Sheinbaum frenar corporativización militar en megaproyectos

La organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum detener la expansión de la corporativización militar en México, debido a sus impactos sobre la dignidad, los derechos humanos y la naturaleza.

Asimismo, le piden establecer plazos claros para la salida de las Fuerzas Armadas de los territorios donde operan los megaproyectos ferroviarios.

“Llamamos a la presidenta a detener esta estrategia y a integrar un grupo de trabajo para monitorear los derechos humanos laborales, la información y participación y la autonomía en los nuevos proyectos ferroviarios”, indicó la organización.

CCIS documentó que la estrategia militar iniciada con la construcción del Tren Maya combina la corporativización de empresas estatales con participación militar y la integración de cadenas de suministro bajo control de las Fuerzas Armadas.

Esto permite a las empresas militares concentrar poder económico, reducir competencia y controlar procesos productivos, turísticos y de servicios.

El grupo militarizado Grupo Mundo Maya, antes GAFSACOMM, dirige actividades en transporte, alojamiento, museos, alimentación, agencias de viaje y aerolíneas.

Según CCIS, esto genera una “experiencia turística completamente militarizada” que afecta derechos y la naturaleza.

La irrupción militar documentada incluye expropiación de terrenos, construcción de instalaciones, campamentos en espacios públicos, circulación de vehículos que dañan carreteras y vigilancia de la población.

CCIS indicó que las Fuerzas Armadas no se limitan a seguridad, sino que supervisan, administran y operan megaproyectos estratégicos.

En municipios de Campeche y Quintana Roo se registraron violaciones al derecho a la vida; libertad de expresión; libertad de asociación; condiciones laborales justas; acceso a un ambiente sano; participación en la vida cultural; información y autonomía de los pueblos.

Los grupos más afectados incluyen mujeres, niñas, adultos mayores y trabajadores migrantes.

En el Tren Maya, entre 1 de diciembre de 2018 y 27 de septiembre de 2024, al menos 64 personas trabajadoras murieron y 46 resultaron lesionadas por presuntos riesgos de trabajo, según CCIS.

La organización subraya que muchas de estas muertes pudieron prevenirse con medidas de seguridad laboral y correctivas.

La corporativización militar se refleja también en empresas estatales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V., Aeropuerto Internacional de Palenque, Señor Pakal, S.A. de C.V., Aeropuerto Internacional de Chetumal, Cuna del Mestizaje, S.A. de C.V.

Además, en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Zamá, S.A. de C.V., Tren Maya S.A. de C.V. y Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., todas ellas están vinculadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a Grupo Mundo Maya.

Los nuevos proyectos ferroviarios considerados “prioritarios” y “estratégicos” incluyen el tren de carga del Tren Maya, la ampliación del ramal a Puerto Progreso, el Tren Interurbano México-Toluca (El Insurgente).

Las líneas del Tren Interoceánico Oaxaca-Chiapas y Roberto-Ayala-Paraiso, y los trenes de pasajeros AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

CCIS destacó que la presencia militar pasará de 3 municipios en 2 estados a 30 municipios en 9 entidades federativas.

La organización subrayó que las Fuerzas Armadas deben sujetarse a la normalidad democrática y que las empresas y entidades financieras involucradas en estos megaproyectos.

También, deben garantizar el respeto a derechos humanos, aplicar medidas de mitigación ambiental y asegurar la participación y consulta de las comunidades afectadas.

Si los proyectos ferroviarios son considerados prioritarios y estratégicos, deben ser ejemplares en materia de derechos humanos desde su decisión, ejecución, supervisión y operación.

Finalmente, la organización pidió a Sheinbaum aclarar el papel de las Fuerzas Armadas en la Península de Yucatán y otros territorios, establecer plazos claros para su retiro y garantizar medidas efectivas para evitar nuevas violaciones a derechos humanos.