La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
La iniciativa unifica la tipificación y persecución del delito de extorsión en todo el país, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado de manera anónima, lo que permitirá que las autoridades inicien investigaciones sin necesidad de una denuncia formal.
El proyecto propone armonizar diversos marcos legales federales, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de otorgar herramientas jurídicas homogéneas a los tres niveles de gobierno para prevenir y combatir la extorsión. Además, incluye la implementación de medidas de protección y asistencia para víctimas, testigos y ofendidos.
Fija penas de 6 a 15 años de cárcel y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien obligue a otra persona a hacer algo, dejar de hacerlo o soportarlo sin tener derecho, con el fin de sacar un beneficio o causar algún daño. Además, la ley castiga más fuerte en casos como el cobro de piso, cuando las víctimas sean menores o migrantes, o si quien comete el delito es un servidor público.
La iniciativa incluye penas más estrictas para quienes cometen extorsión, sin permitirles salir antes de la cárcel ni reducir su condena, salvo en casos excepcionales si ayudan a la justicia. Además, se fortalece el uso del número 089 para que las personas puedan denunciar de manera anónima, y el Ministerio Público deberá iniciar la investigación tan pronto tenga conocimiento del delito.
El presidente de la Comisión, el morenista Julio César Moreno Rivera, explicó que la ley busca “establecer una política nacional integral contra la extorsión, combinando prevención, persecución penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes”, para atender un delito que daña gravemente la seguridad pública y la economía nacional.
Por su parte, el panista César Israel Damián Retes señaló que se deben tomar en cuenta los ajustes para que se convierta realmente en un combate y erradicación del delito de extorsión que afecta a las familias mexicanas. “Lo que estamos discutiendo hoy en esta materia es un reclamo de agrupaciones, personas, familias o comerciantes que sufren este delito, ya que les cobran piso”.
Mientras que el emecista Juan Ignacio Zavala aseguró que, si bien el dictamen recoge gran parte de los planteamientos que el partido naranja realizó, aún hay aspectos que preocupan mucho, como la posibilidad de admitir elementos de prueba obtenidos con violaciones a derechos humanos.
El diputado del PRI, Alejandro Domínguez, anunció su abstención porque, aunque revisaron las diferentes penalidades en las legislaciones locales, no hay un análisis estadístico de cuántas personas procesadas o sentenciadas por extorsión podrían salir libres si se reducen las sanciones, como lo plantea la reforma.
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