El Congreso del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad la adición del artículo 424 Bis al Código Penal, con lo que se establecieron sanciones de dos a seis años de prisión y multas económicas a los servidores públicos que difundan, sin autorización, imágenes, audios o videos de víctimas.
La reforma incluye agravantes en casos de violencia de género y feminicidios, como ocurrió con la difusión de fotografías del asesinato de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en 2020.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, promotora de la iniciativa, llamada “Ley Ingrid”, aseguró que el objetivo de la reforma es frenar la revictimización y proteger la dignidad de quienes sufren delitos.
El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana.
Aguiar Álvarez subrayó que no se trata de una limitación a la libertad de expresión, sino de un mecanismo legal dirigido a funcionarios que, en el marco de sus funciones, difundan material sensible de las víctimas.
Explicó que la difusión de este tipo de contenidos “contribuye a la discriminación y a la estigmatización, particularmente hacia mujeres, niñas y adolescentes”.
Por su parte, la Agenda Feminista Chiapas señaló que la aprobación “marca un precedente en la lucha por la justicia y los derechos de las mujeres en Chiapas”.
En un posicionamiento en redes sociales, la agrupación destacó que la reforma se sustenta en la llamada Ley Ingrid y reconoció la labor legislativa que dio pie a su inclusión en el Código Penal.
“Este avance crucial, que busca sancionar la difusión de imágenes, videos o información de víctimas de delitos, se materializa para garantizar la dignidad de las víctimas y proteger su memoria”, expuso la organización.
Recordó que la medida también obliga a quienes imparten y procuran justicia en el estado a conducirse con respeto y responsabilidad.
El pronunciamiento añadió que la aprobación representa “un triunfo colectivo que nos inspira a seguir trabajando por un Chiapas más justo y seguro para todas”, al tiempo que reafirmó que la lucha feminista ha sido clave para lograr que las víctimas y sus familias no enfrenten procesos de revictimización en medio del duelo.
En la Ciudad de México, así como en los estados de Oaxaca, Colima, Estado de México, Puebla y Morelos ya se aprobó la ley, y en Jalisco, Querétaro y Quintana Roo, se encuentran en discusión.
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