Por primera vez en su historia, la Fiscalía del Estado y la Secretaría General de Gobierno de Jalisco ofrecieron un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional por violaciones a derechos humanos en un caso de desaparición de personas.
Sin embargo, las familias afectadas denunciaron que sus demandas y necesidades no fueron atendidas.
El evento cumplió la Recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para reconocer la lucha de la señora Natividad Guerrero Sedano y su familia, quienes buscan a Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Carolina y Bernardo, desaparecidos en 2010.
El 30 de septiembre de 2010, fue la última vez que se supo de las cuatro personas en Calera de Víctor Rosales, tras salir del municipio de Ahualulco de Mercado, en Jalisco, y atravesar el estado de Zacatecas.
En el evento, Salvador Zamora, secretario general de gobierno de Jalisco, señaló que el Estado reconocía las violaciones a derecho y que aceptaba la recomendación de la comisión defensora y las deudas pendientes, aunque insistió en que se trataba de lo relacionado con la administraciones pasadas.
“El gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado por violar los derechos de acceso a la justicia a la verdad y a la integridad personal de las víctimas indirectas directas e indirectas en la que lamentable suceso ocurrido hace 15 años aceptar esta recomendación es asumir con responsabilidad institucional las deudas que aún perseveran”.
Por su parte, el fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, resaltó que a partir de lo ocurrido con las cuatro desapariciones, es necesario fortalecer el desempeño institucional.
“En este acto reconocemos la responsabilidad institucional, atendiendo al punto 7 de la recomendación 167 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El caso de las de estas cuatro personas desaparecidas en septiembre del 2010, nos recuerda la importancia de fortalecer permanentemente las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades”.
“Estas disculpas deberían dignificar la memoria de Dalia, Luis, Bernardo y Carolina, deberían marcar un antes y un después en la forma que la Fiscalía atiende los casos de personas desaparecidas. Pero no ha sido así”, afirmó Natividad Guerrero durante el evento.
Señaló que esperaba que el acto reconociera “todas las violaciones a los derechos humanos, el dolor y el sufrimiento que ocasionaron las autoridades en estos casi 15 años de caminar”.
Según un comunicado del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), a pesar de su carácter histórico, la Fiscalía modificó unilateralmente varios acuerdos previamente pactados con las familias y la CNDH.
Entre las omisiones destacan la falta de difusión pública, cambios de fecha, restricciones a organizaciones de derechos humanos y la negación de que los medios de comunicación participaran plenamente.
La familia había solicitado originalmente realizar el acto en la Glorieta de Las y Los Desaparecidos, pero finalmente se efectuó en el Patio de los Naranjos del Palacio de Gobierno.
Diego Enciso Cruz, hijo de Dalia y Luis, leyó una carta donde recordó que “la búsqueda debió haber comenzado desde el primer momento, pero la indolencia de las dependencias gubernamentales me dejó sin padres a los 3 años”.
Las familias también habían solicitado la proyección de las fichas de búsqueda personas desaparecidas y no se colocaron detrás del presidium hasta minutos antes del evento.
Tampoco habían previsto la Lectura de cartas de familiares y la carta de Diego Enciso, hijo de Dalia y Luis, solo se leyó tras la presión de familiares presentes en el evento.
Cabe resaltar que el acto se realizó con más de un año de retraso respecto a los plazos establecidos en la recomendación de la CNDH, desde su aceptación en octubre de 2023.
Al respecto, Natividad Guerrero también cuestionó la postura de la Fiscalía y dijo que la institución incumple con sus obligaciones.
“Me llena de profunda tristeza la forma en la que ha sucedido este proceso. En lugar de ser escuchadas hemos sido ignoradas y muy desgastadas, sin respetar los acuerdos que generamos. Me doy cuenta de que parece que les da miedo que exijamos nuestros derechos y que tienen que cumplir con su obligación”.
El reconocimiento, afirmaron la víctimas, representa un avance institucional, pero la reparación integral y otros puntos recomendatorios siguen pendientes y la lucha de Natividad Guerrero y su familia continúa.
La disculpa de hoy no es el cierre de una herida: es la confirmación de que la verdad y la justicia siguen siendo una deuda pendiente.
Comentarios