Ante el avance de la gentrificación en la Ciudad de México y las crecientes manifestaciones ante el fenómeno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó este miércoles el “Bando 1: ‘Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local’”, una estrategia que contempla 14 acciones para regular los precios de la vivienda, evitar desalojos y garantizar el derecho a la ciudad.
A diferencia de Europa o Estados Unidos, en México la gentrificación no es solo producto del mercado, sino de políticas urbanas que favorecen al capital privado.
Durante la presentación en el Palacio del Ayuntamiento, Brugada subrayó que una de las medidas centrales será limitar el aumento de las rentas al nivel de la inflación registrada el año anterior. Además, anunció un fortalecimiento en la regulación de inmuebles destinados a estancias cortas y plataformas de alojamiento temporal.
“Las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año anterior como lo indica actualmente el código civil”, aseguró la mandataria capitalina.

Foto: Cuartoscuro
Las 14 acciones del Bando 1
Topes al aumento de rentas: No podrán subir más que la inflación anual.
Índice de alquiler razonable: Se creará un índice de precios y zonas de tensión inmobiliaria.
Regulación de estancias cortas: Se reforzará la supervisión a plataformas de renta temporal.
Defensoría inquilinaria: Nuevo organismo público para proteger derechos de inquilinos y arrendadores.
Ley de Rentas Justas: Se enviará al Congreso una iniciativa para garantizar precios asequibles.
Impulso a vivienda social: Se priorizarán proyectos públicos en zonas centrales.
Más renta pública en zonas críticas: Se ampliará la oferta habitacional en áreas de alta presión inmobiliaria.
Mejoramiento habitacional: Con énfasis en vivienda progresiva y nueva.
Coordinación con sector privado: Para combatir la especulación en zonas críticas.
Plan maestro contra desigualdad urbana: Especialmente en áreas con alta presión inmobiliaria.
Programa de arraigo comunitario: Protección del espacio público y patrimonio cultural.
Apoyo a comercios locales: Créditos e incentivos para MiPyMEs, oficios y pequeños negocios.
Gestión participativa del territorio: Para fomentar el diálogo con la ciudadanía.
Observatorio de suelo y vivienda: Para monitorear la evolución del mercado inmobiliario.
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