“Estamos frente a un error histórico”, afirmó el ministro Javier Laynez Potisek en entrevista con ‘Aristegui en Vivo’, al referirse a la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Advirtió que todo este proceso representa “la destrucción masiva” de los avances construidos en el Poder Judicial desde 1994, señalando que lo que se busca es “tomar el control del Poder Judicial para restituir las reglas del juego del partido hegemónico, tipo PRI”.
Al hacer un balance de su experiencia en la Corte, Laynez afirmó que “la evolución que tuvo la Corte desde 1994, cuando se le transforma en un tribunal constitucional, fue un auténtico poder que sirvió como contrapeso en el sistema de equilibrio de poderes”.
Recordó también las reformas de 2011 que marcaron “una gran época con una protección mucho más eficaz en materia de derechos humanos”.
La Corte mexicana fue una corte progresista, una corte que dio un salto exponencial en materia de protección de derechos humanos.
Choque con AMLO
En su análisis, Laynez detalló un choque que existió en su momento con el gobierno del entonces presidenta Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que vimos en estos últimos años fue un gobierno que abrió una campaña directa en contra de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de dañar y desacreditar a la Corte”, sostuvo.
Para Laynez, el punto de quiebre fue la percepción del Ejecutivo de que la Corte era “un obstáculo para decisiones del gobierno federal”.
Laynez detalló que muchas de las decisiones judiciales que provocaron fricciones con el gobierno no fueron interpretaciones creativas sino dictámenes basados literalmente en la Constitución.
“Estos casos eran leyes totalmente y literalmente contrarios a la Constitución”, afirmó en relación a la reforma energética, la Guardia Nacional y el llamado “Plan B” electoral.
Sobre este último, recordó: “Seis leyes con 510 artículos se presentaron un día a las 7:00 de la tarde y en la madrugada estaban votadas sin ningún trámite”, situación que la Corte consideró inconstitucional.
También se refirió a lo que denominó “una autolimitación grave” de la Corte, al no revisar a fondo la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo.
“Ni siquiera hubo la madurez para decir: revisemos las reglas constitucionales para reformar la Constitución. […] Lo que es sumamente grave”, lamentó.
Laynez declaró que “jueces, magistrados, secretarios… se van a la calle”, lo a su juicio, es un “desperdicio masivo de recursos humanos”, y anticipó un periodo de inestabilidad prolongada: “Yo sí veo un panorama de mucha inestabilidad que va a durar muchos años”.
“Hay una gran responsabilidad histórica”, dijo sobre el papel del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar. “No solamente por su vuelco total del pleno frente al Ejecutivo, sino por centrar en el ex presidente AMLO esta semilla y regarla cada día diciendo ‘si son corruptos, si está mal, yo soy quien puede resolver esto’”.
“Yo sí acuso ante la historia contemporánea de este país, que ahí hay una gran responsabilidad de todos quienes apoyaron esto” afirmó.
Explicó que en su opinión, el propósito final de esta reforma y de su instrumentación es tomar el control del Poder Judicial para restituir las reglas del juego del partido hegemónico tipo PRI”.
“El problema del sistema de elección es que politiza el cargo y somete la decisión de quién va a ocupar esos cargos a los poderes Ejecutivo y Legislativo”. En ese sentido, denunció que “hubo circuitos donde no quedó ni uno, ni uno solo, de los jueces o magistrados en funciones”.
Para quienes aún permanecen en el Poder Judicial cuyos cargos serán sometidos a la elección en 2024, la incertidumbre continúa, explicó.
“Van a tener que empezar desde ahorita a buscar apoyos políticos”, y señaló que “la inestabilidad del Poder Judicial por los años venideros va a seguir”.
Laynez expresó su preocupación sobre la administración de justicia cotidiana: “Olvidémonos ya de los grandes temas. Es la cotidianeidad en la justicia. El juicio del ciudadano que logró una suspensión porque le expropiaron su terreno… todo lo hace mucho más difícil”.
Asimismo advirtió: “Ua decisión que no le guste al Gobierno podría provocar que un magistrado esté siendo supervisado constantemente”, y subrayó: “Para mí es muy preocupante en el tema de administración de justicia. Creo que vamos hacia un retroceso”.
“Estamos frente a un error histórico”, declaró.
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