La directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia, Fabienne Cabaret, advirtió que los ataques al Poder Judicial no comenzaron con la reforma impulsada en 2024, sino que han sido parte de un proceso estructurado y deliberado desde 2018, impulsado principalmente desde el Ejecutivo federal.
De acuerdo con el análisis, la ofensiva contra el Poder Judicial inició en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de una narrativa sostenida en las conferencias matutinas, donde se cuestionaba constantemente la legitimidad y funcionamiento de ese poder.
“Desde el año 2018 hubo un uso bastante importante de la psicología social, podríamos decirlo así, para implementar esa aceptación de la idea de que efectivamente el Poder Judicial no servía y que había que cambiarlo”, señaló Cabaret.
En ese discurso, dijo, se posicionó la idea de que el Poder Judicial estaba “lleno de corruptos y que había nepotismo”.
El informe identifica una primera etapa centrada en la deslegitimación pública del Poder Judicial.
“Primero fue la de deslegitimizar (…) desacreditar y deslegitimizar al Poder Judicial”, y esta narrativa fue diseminada desde espacios clave como la conferencia presidencial, así como en sesiones legislativas, para generar un consenso social sobre la necesidad de una transformación profunda, dijo la entrevistada.
La segunda etapa se reflejó en la vía legislativa “durante el periodo de finales 2018 a mediados de 2024 se presentaron 137 iniciativas de reforma relacionadas exclusivamente con el Poder Judicial de la Federación”, reveló.
Aunque muchas de ellas no prosperaron, reflejan una intención clara de “atacar la estructura en sí del Poder Judicial”, indicó Fabienne Cabaret.
La tercera fase del proceso, explicó, fue la intensificación de ataques y descalificaciones en momentos estratégicos, particularmente cuando jueces y ministros resolvieron en contra de reformas clave del Ejecutivo.
“Hubo una intensificación justamente específica de la crítica en momentos claves (…) por ejemplo el tema de la reforma para la Ley Eléctrica o la declaración de inconstitucionalidad del famoso Plan B“.
Además, Cabaret apuntó que la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte marcó un nuevo punto de inflexión.
“Con la llegada de Norma Piña (…) hubo un aumento drástico de la crítica al Poder Judicial y a las personas, y una persona en específico ha sido Norma Piña”.
La directora de la Fundación para la Justicia subrayó que el discurso gubernamental ha apelado a una supuesta demanda ciudadana de democratización judicial.
Sin embargo, dijo que la investigación muestra “que la reforma no fue producto de una necesidad legítima de la población, sino más bien fue un plan muy meticuloso, muy estructurado, con distintas fases y distintos actores”.
Añadió que, si bien es legítimo que la sociedad exija cambios, “sí se ha usado esa narrativa de la necesidad de la población y de democratizar el Poder Judicial, pero más bien parece que respondió definitivamente a una intención desde el Ejecutivo de quitarse de encima prácticamente un poder incómodo“.
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