Tras el hallazgo de 383 cuerpos en condiciones insalubres y apilados en un crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó las autoridades locales a realizar una investigación eficaz.
Además, pidió respetar los derechos de las personas fallecidas, “conforme a los estándares del informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU que podría aplicarse para el caso mexicano.
El documento, presentado en el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, urge a los Estados a garantizar el respeto, la protección y la dignidad de las personas fallecidas, incluso en contextos de violencia, desaparición o colapso institucional.
“Se recomienda que se elaboren unos principios rectores basados en los derechos humanos para la protección de los muertos“, señaló Morris Tidball-Binz, autor del informe y relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
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El informe fue distribuido por la Asamblea General el 25 de abril de 2024, apunta que, desde una perspectiva de derechos humanos, es obligación de los Estados proteger a los muertos y garantizar su trato digno.
En el caso de Ciudad Juárez, organizaciones civiles y ONU-DH exigen una investigación eficaz, identificación de los cuerpos y respeto a los derechos de las víctimas y sus familias.
Este informe de la ONU es considerado una guía internacional clave ante este tipo de hallazgos, ya que plantea que el derecho internacional no debe otorgar niveles desiguales de protección según la causa de muerte o el contexto.
Tidball-Binz subraya que las personas fallecidas no deben quedar fuera del alcance de la protección jurídica, especialmente en casos “donde se presume la posible intervención del Estado o su omisión” en contextos de violencia generalizada.
El informe también reconoce que el trato indigno a los cuerpos “obstaculiza procesos de justicia, identificación y reparación”, por ello, llama a los Estados a desarrollar normas claras que eviten la fragmentación de responsabilidades institucionales, así como la impunidad.
En México, donde continúan los hallazgos de fosas clandestinas y sitios de almacenamiento irregular de cadáveres, el informe refuerza el llamado de colectivos y organizaciones de derechos humanos a “adoptar un enfoque forense con perspectiva humanitaria, que no revictimice ni oculte las dimensiones estructurales de la violencia”.
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Aunque el documento no alude a México u otro país en específico, adquiere vigencia ante el caso ocurrido en Ciudad Juárez, donde aún se desconoce la identidad de más de 300 cuerpos.
Aunado a que tampoco se sabe si se cometieron violaciones graves a sus derechos antes o después de la muerte.
Hasta el momento, también se desconocen las causas por las que el crematorio “Plenitud” acumuló los cuerpos de personas entre 2020 y 2025, en lugar de procesarlos.
Ante esto, la observación que hace ONU-DH y el informe, se encamina a “nivelar los diferentes grados de protección que otorga el derecho internacional a las personas fallecidas”, según el documento de Tidball-Binz, quien ha trabajado en exhumaciones e investigaciones en América Latina.
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El informe forma parte de los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y debería ser considerado como una referencia para el desarrollo de políticas públicas y protocolos que garanticen verdad, justicia y memoria, incluso post mortem.
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