La fiscalía de Baja California reportó la detención de Nabor Medina Garza, directivo de Banca Afirme, implicado en el caso Next Energy que involucra a la administración del morenista Jaime Bonilla.
El ejecutivo, delegado fiduciario del banco, enfrentará acusación de “delito de abuso por retención”, informó la fiscalía en comunicado. Al llegar al Ministerio Público intentó cubrirse la cara y alcanzó a decir que era un hombre ‘íntegro’.
La investigación inició cuando el actual gobierno de Baja California presentó denuncia por un probable daño al erario de 12 mil millones de pesos en la administración de Jaime Bonilla, derivado de los compromisos adquiridos para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy de México.
Tal proyecto nunca se llevó a cabo ni registra ningún avance material, pero el presupuesto estaba comprometido y, al menos, 123 millones de pesos estaban en manos de Banca Afirme. La institución se negó a devolver el dinero al gobierno y los ejecutivos bancarios no asistieron a las audiencias judiciales, por lo que fueron declarados prófugos.
Al presentar el proyecto el 15 de junio de 2021, Jaime Bonilla dijo que la obra estaba destinada a cambiar la vida de los bajacalifornianos; incluso dijo que el proyecto contaba con el apoyo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los problemas comenzaron a surgir casi de inmediato, pues la Secretaría de Energía del gobierno federal confirmó que el proyecto no tenía los permisos necesarios.
Con el cambio de gobierno, la administración de Marina del pilar Ávila presentó denuncias por el presunto desfalco.
En marzo de 2022, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno, puntualizó que el contrato era “totalmente desventajoso” para las finanzas públicas de Baja California, además de que está mal planteado desde la perspectiva jurídica, el proceso administrativo y las condiciones financieras que imperan en la entidad.
Sostuvo que el acuerdo firmado por el anterior gobierno ponía en riesgo el 19.5 por ciento de las participaciones federales del Estado
La estrategia legal inició por la cancelación de los pagos para el proyecto y denuncias penales contra exfuncionarios y ejecutivos de las empresas vinculadas.
Medios locales han reportado que el caso podría llegar hasta el exgobernador Bonilla, aunque no se conoce hasta donde llegará la investigación de la fiscalía.
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