Paro en Poder Judicial de la CDMX atora pensiones, custodias de menores y demandas por negligencia contra escuela

El paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México cumplió 32 días este martes, lo que ha provocado el retraso de miles de audiencias de todo tipo en juicios penales, civiles, mercantiles y familiares, afectando a madres que buscan el pago de pensiones alimenticias o la guardia y custodia de sus hijos.

Los trabajadores del Poder Judicial buscan un aumento salarial superior al 5% y aliviar las cargas de trabajo que padecen, por lo que el pasado 29 de mayo, tres días antes de la elección judicial, comenzaron un paro en los tribunales y juzgados de lo familiar.

Sin embargo, los trabajadores de base no han logrado un acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, lo que ha obligado al Consejo de la Judicatura estatal a dictar la suspensión de plazos en miles de procesos.

No obstante, siguen operando guardias en las principales sedes del Tribunal para poder atender casos de emergencia, sin que quede claro que va a pasar con los miles de casos que no han sido atendidos durante más de un mes.

Apenas este lunes 30 de junio, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió un acuerdo para dictar la suspensión de los plazos legales previstos para el día de ayer, acuerdo que suma a otras 22 suspensiones parciales o totales del Poder Judicial de la Ciudad de México que comenzó en una sede del tribunal capitalino y se fue extendiendo al resto de sus tribunales y unidades de gestión judicial.

En el acuerdo con V-70/2025, el organismo rector de jueces y magistrados locales se advierte que “las Juezas y los Jueces de la Ciudad de México, en materia Civil y Familiar, actúen únicamente en el ámbito de su estricta competencia, de conformidad al calendario autorizado en el presente proveído, con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sin que quede claro cuáles son los casos considerados como urgentes.

Por lo anterior, un colectivo de madres surgido en medio del paro ha hecho un llamado al magistrado Rafael Guerra y a los propios trabajadores del Poder Judicial para que lleguen a un acuerdo, ya que la falta de avance en los procesos judiciales tiene “un impacto devastador en la vida” de los menores afectados, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad”.

Las madres agrupadas en el frente “Unidas” advirtieron que la parálisis judicial contraviene “flagrantemente los principios de justicia y protección a la infancia”, a pesar de que las demandas laborales de los trabajadores de base en juzgados y tribunales tengan bases legítimas.

“La prolongación de este conflicto está resultando en una paralización sistémica que afecta directamente a miles de familias, particularmente a las madres y a nuestros hijos menores de edad, quienes son las principales víctimas de esta ineficiencia”, señala el comunicado.

Entre las miles de personas afectadas se encuentran la señora Diana Ruiz y su menor hija Vania, misma que recibió un fuerte balonazo en la cabeza dentro de una escuela que le provocó daños muy graves a su salud, por lo que tuvo que ser operada de emergencia.

Sin embargo, la escuela no se hizo responsable del accidente y se negó a pagar la póliza de seguro a la que estaba obligada, por lo que se presentó una querella en la Fiscalía capitalina en contra del centro escolar y sus directivos. El caso no se ha logrado judicializar debido al paro del Poder Judicial, poniendo en peligro la atención médica de la menor de edad.

A pesar de la sentencia a su favor, el deudor alimentario se niega a acatar la resolución y ha obstaculizado el pago del retroactivo correspondiente, por lo que se requiere la intervención urgente del Poder Judicial para notificar a la Defensa de este caso y obligar a que se cumpla con el fallo.

Soto señaló que el responsable de la crisis es el magistrado Rafael Guerra, por lo que le pide evaluar si puede hacer frente a esa responsabilidad.

Un ejemplo más es el de José Arévalo Meyer, quien litiga desde 2023 un caso de guardia y custodia por su hijo, pero con las renuncias y retiros provocadas por la reforma judicial, más tarde con la extinción de juzgados, después con las campañas para jueces y magistrados de la elección judicial y ahora con el paro en tribunales y juzgados no ha logrado cerrar los permisos y acuerdos con la madre del menor.

Los afectados coinciden en que la responsabilidad principal no es de los trabajadores, sino de las autoridades de justicia que no han logrado un acuerdo con sus propios empleados.

En este marco, los afectados denunciaron que la máxima autoridad del Tribunal de Justicia, el magistrado Rafael Guerra, autorizó las vacaciones de tribunales y juzgados para todo el mes de julio, pese al grave rezago de expedientes judiciales que se viene arrastrando desde la pandemia.

“Es inaceptable que, mientras los juzgados permanecen en paro, se anuncien periodos vacacionales que se extienden el resto de julio y hasta el 4 de agosto ¿Cuándo piensa usted solucionar este problema que, según se percibe y se comenta, ha sido provocado por su propia gestión? Los expedientes que contienen la esperanza de una vida digna para nuestros hijos llevan años sin avanzar”, concluye la misiva.