José Flores Sosa, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó en Aristegui en Vivo que, aunque la narrativa oficial sostiene que la intervención de comunicaciones privadas requiere orden judicial, “eso no ha estado en disputa de vigilancia el acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, el acceso geolocalización en tiempo real, por ejemplo”.
Señaló que en la Ley de la Guardia Nacional se eliminó el control judicial para ciertos accesos a información y que el nuevo dictamen en telecomunicaciones abre la puerta a “procesar datos con inteligencia artificial para decisiones predictivas” sin mecanismos claros de supervisión.
Se está creando esta infraestructura donde la vigilancia estatal sería prácticamente inescapable.
Añadió que se está construyendo “un sistema de vigilancia masiva donde toda la población en México está en esta línea policial, donde todos sus datos pueden ser accedidos, pueden ser intercambiados, interconectados”.
También criticó la reserva absoluta de información en plataformas como la Central de Inteligencia y la ausencia de notificaciones a las personas cuando sus datos son accedidos.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, recordó que desde hace 20 años se han ampliado medidas de excepción para combatir la delincuencia organizada sin controles judiciales efectivos, lo que ha resultado en una vigilancia masiva sin resultados claros en la reducción del crimen.
Maldonado señaló que el caso del espionaje con Pegasus, con miles de teléfonos intervenidos, incluidos periodistas y activistas, evidencia la falta de control y la vulneración de derechos.
No se logró desmantelar estructuras criminales, sino un control político y poblacional.
En cuanto a la protección de datos personales, Maldonado concluyó que con las recientes aprobaciones, “prácticamente pinta de cuerpo completo un nuevo régimen que está en la lógica profundamente autoritaria”.
Ambos coincidieron en que la falta de transparencia en el uso de plataformas de vigilancia, refuerzan un modelo autoritario donde la privacidad y las libertades están en riesgo.
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