El Congreso capitalino llevó al Código Penal el tema de los pinchazos en el Metro, delito para el que estableció una pena de dos y hasta cinco años de prisión.
La pena prevista se incrementará hasta en una mitad cuando: la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica; ponga en peligro la vida o salud de la víctima; la víctima sea niño, niña, adolescente, mujer, persona con discapacidad, adulta mayor o de un grupo de atención prioritaria; se cometa en medios de trasporte; tenga como finalidad la comisión de otros delitos; se realice por dos o más personas; o se efectúe en un lugar cerrado o con acceso restringido.
Por lo tanto, se podrían establecer hasta 7.5 años de cárcel por este ilícito.
La reforma se tituló ‘en materia de sumisión química por pinchazo’ y fue presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Alberto Martínez Urincho (Morena) resaltó la importancia de actualizar e incorporar nuevos tipos penales para proteger a la población de nuevas formas de criminalidad.
Recordó que en las últimas semanas se ha registrado en la Ciudad de México un incremento de las denuncias por presuntos “pinchazos” en espacios públicos, especialmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Indicó que esta práctica delictiva consiste en introducir de manera oculta o subrepticia un objeto punzocortante en el cuerpo de una persona, sin su consentimiento, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren su estado físico o mental.
De acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después de recibir el “pinchazo”, lo que evidencia un riesgo para su integridad, salud y autonomía personal.
Destacó que la legislación penal vigente “no contempla de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos, lo que significa que esta conducta no está tipificada como un delito autónomo”, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender esta nueva modalidad delictiva.
La reforma aprobada establece que se adiciona un Capítulo III Ter Administración subrepticia de sustancias al Título Primero Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Libro Segundo Parte Especial y un artículo 141 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.
Al razonar su voto, la diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) expresó que a pesar de que inicialmente se dijo que era una campaña negra, se ha tenido que reconocer este problema, ya que los casos han continuado. Aseguró que esta propuesta es un avance, pero no resuelve el problema, por lo que se requiere una pena mayor en los años de prisión preventiva y en la multa estipulada.
La legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (Morena) señaló que con esta aprobación se da un paso significativo para proteger los derechos de las personas usuarias del transporte público, con el consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso local. Desde ahora, dijo, “ningún tipo de violencia será minimizado o ignorado”.
El congresista Jesús Sesma Suárez (PVEM) recalcó que este dictamen reafirma el compromiso del gobierno capitalino con los derechos humanos y la construcción de una ciudad más segura, “estamos hablando de prácticas criminales que lejos de ser aislados, pueden escalar a delitos más graves”.
La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN) reconoció que las personas más vulnerables a los pinchazos son mujeres, niños y jóvenes. Solicitó que continúe la tipificación de los delitos que ataquen la vida, integridad y seguridad de las y capitalinos, ya que “todavía queda mucho por atender, esto es un ejemplo de cómo si se pueden atender problemas que atañen y ataquen a la ciudadanía”.
Por su parte, la diputada Patricia Urriza Arellano (MC) argumentó que ninguna persona debe subirse al metro con miedo, “el problema de seguridad en el Metro no se reduce a los lamentables pinchazos, hay un problema de seguridad toral”.
El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (Morena) indicó que el uso de pinchazos para inmovilizar es un delito cobarde, violento y profundamente invasivo, al ser una agresión que atenta contra la integridad física, mental y emocional, que afecta en especial a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y mayores.
En tanto el congresista Federico Chávez Semerena (PAN) planteó aumentar la pena de prisión, sanciones económicas más altas, generar operativos de vigilancia real y crear una fiscalía que haga este tipo de investigaciones, “el transporte público no puede ser un espacio de riesgo”.
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros García (Morena) aseguró que nunca se desconoció la problemática de los pinchazos, sino que se abordó de forma responsable, y celebró que el gobierno de la ciudad se haya ocupado con el apoyo de cinco mil elementos en la vigilancia del metro.
Tras reconocer que los poderes Ejecutivo y Legislativo locales han admitido y atendido dicho tema, la legisladora Claudia Susana Pérez Romero (PAN) apoyó el dictamen, que busca la seguridad de las y los ciudadanos, y llamó a atender otros pendientes de movilidad y salud, entre otros.
El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) destacó la importancia de garantizar la seguridad de la población, con un dictamen que responde a las exigencias de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, ante agresiones mediante la administración de sustancias químicas, que no se limitan al transporte público, ya que también se han presentado en bares, antros, fiestas y gimnasios donde se adulteran bebidas.
En su intervención, la congresista Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC) aseveró que esta iniciativa no ataca las causas del problema ni representa una solución integral, pues no sólo se debe tipificar el delito, también se requiere adoptar un enfoque más amplio y preventivo, garantizar la respuesta eficaz de las dependencias correspondientes y modernizar el sistema de vigilancia.
El legislador Pablo Trejo Pérez (PRD) comentó que ahora se responde con firmeza a un reto que ha conmocionado a la población dentro del STC Metro, columna vertebral de la movilidad diaria de la capital, y ahora con esta aprobación del dictamen, nadie queda fuera de la protección legal, con medidas emergentes en normas permanentes y efectivas.
El diputado Alejandro Carbajal González (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) consideró necesario que el Código Penal local tenga la adecuación de la realidad social y no se actúe por presiones políticas, sino con responsabilidad.
La diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) dijo que la tipificación de los pinchazos es un paso hacia la justicia, ya que ningún ciudadano que use el transporte público debería de viajar con miedo. “El dictamen es un mensaje claro de que no habrá agresiones sin consecuencias, en el Congreso sí se escucha y sí se actúa para la gente”.
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