En dos décadas, empresas fantasma esfumaron 5 mil 716 mdp para infraestructura, salud y educación | Especial

Por Violeta Santiago / Quinto Elemento Lab

En 2017, el gobierno oaxaqueño de Alejandro Murat destinó 127 millones de pesos de un programa federal a la construcción del Hospital de Especialidades en Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Pero el contrato terminó en manos de Constructora Kedmex, una empresa fantasma con un historial de obras hospitalarias inconclusas. Por más de un año, la edificación del hospital ni siquiera comenzó.

Servicios de Salud de Oaxaca asegura que el contrato se rescindió. Y como no se volvió a licitar, una empresa privada construyó el cascarón y lo donó. Aunque actualmente funciona en ese lugar el Hospital Materno Infantil de Juchitán, el verdadero costo de haberle entregado la obra a una compañía inexistente fue el tiempo: el inmueble, que debía estar listo en agosto de 2019, se inauguró apenas en 2023.

La dependencia y el exgobernador recibieron por escrito una serie de preguntas para este reportaje, aunque no ofrecieron respuesta.

Para juchitecos como Roxana Palma Pérez, la confusión permanece. “Se supone que tenemos un hospital de especialidades”, dice. “Sería muy bueno que se investigara qué tipo de hospital es”. Palma, quien recuerda muy bien el proyecto original, desconocía que una empresa fantasma retrasó y condicionó su entrega.

Este es solo uno de los cientos de contratos de obras de infraestructura que el Gobierno mexicano dejó en manos de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías que existen solo en el papel.

Quinto Elemento Lab reveló en un reportaje anterior que, entre 2002 y 2022, las empresas fantasma obtuvieron contratos públicos por un total de 11 mil 492 millones de pesos. Esta entrega expone que, de ese monto, 5 mil 716 millones de pesos —incluidos 694 millones de pesos procedentes de programas federales— eran para ejecutar proyectos destinados a mejorar la vida de la ciudadanía. 

Es decir, casi la mitad del dinero que en dos décadas terminó en manos de EFOS era para infraestructura básica: obras carreteras, en hospitales o escuelas, pavimentación de calles, ampliación de redes de agua y otros servicios esenciales que, en el mejor de los casos, se hicieron con sobrecostos, a destiempo o con problemas de calidad, y, en el peor, quedaron inconclusos o se cancelaron. 

El flujo de recursos federales —de los tres niveles de gobierno— a EFOS equivale a poco más de 285 millones de pesos anuales durante dos décadas.

“Hay hospitales que no se terminaron por factureras, […] hay compras de medicamentos y de equipo que no se realizaron”, destaca Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y en EFOS. “Son muchas fugas de dinero que no se transmiten en obras y servicios públicos federales, estatales y municipales”.

En carreteras, mayores recursos para EFOS

La mayor cantidad de dinero que recibieron las empresas fantasma en los últimos 20 años se asignó a contratos de mantenimiento, construcción o rehabilitación de caminos rurales y carreteras, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Nuevo León, entidades que concentran más de una cuarta parte de la red carretera nacional.

Más de 4 mil millones de pesos se distribuyeron entre 81 factureras a través de 330 contratos para ese tipo de obras, según la base de datos con información de Compranet y el listado del SAT de empresas declaradas EFOS definitivas al corte del 31 de enero de 2023, elaborada por Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De la treintena de oficinas federales y estatales, y gobiernos municipales que asignaron los recursos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue la que concentró más de la mitad de los contratos y del dinero.

La proveedora fantasma que más recursos obtuvo de la SICT fue la compañía Insumos y Maquinaria, fundada en 2002 en Monterrey por un par de socios domiciliados en la Ciudad de México y el Estado de México. Solo de esta dependencia recibió contratos por casi 662 millones de pesos.

Eran para obras de mantenimiento carretero en Nuevo León y Tamaulipas, aunque también se le asignaron trabajos en otras regiones, como el mantenimiento de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, y tramos del libramiento Guadalupe-Zacatecas y de la México-Cuautla.

En segundo puesto, con 559 millones de pesos en contratos, figura Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, una empresa tamaulipeca que acabó involucrada en un juicio por lavado de dinero iniciado en Texas contra el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

A ambas empresas se les envió por correo electrónico un listado de preguntas, sin que se obtuviera respuesta.

Para expertas como Janet Oropeza y Sarahí Salvatierra, de Fundar, organización civil que analiza políticas públicas, el principal problema de contratar a estas empresas es que carecen de personal, recursos o equipo para ejecutar los proyectos. Una vez que son detectadas el SAT las inmoviliza e incluye en el listado 69-B, el registro de empresas fantasma.

Mediante solicitudes de información, Quinto Elemento Lab obtuvo datos de 175 de los 330 contratos carreteros entregados a EFOS en las últimas dos décadas. De estos, en 62 contratos las dependencias admitieron no contar con pruebas de que las obras se hubieran realizado. En 67 casos no fue posible hacer una verificación porque las oficinas se declararon incompetentes o solo ofrecieron la información de manera presencial.

Sin embargo, las facturas evidencian que el dinero fue entregado a compañías inexistentes, sin que haya documentos probatorios de la ejecución de las tareas en archivos físicos y electrónicos, como en el caso de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo.

La revisión de los contratos permitió conocer que en algunos casos fueron rescindidos anticipadamente por las dependencias debido al incumplimiento de los proveedores fantasma.

Por ejemplo, en 2010, la SICT contrató a Consorcio Corporativo de Construcción en México (Cocomex) para realizar la ampliación de un tramo de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido. La firma recibió un anticipo de más de 10 millones de pesos, pero dejó el camino inconcluso luego de múltiples retrasos causados, según su representante legal, por “la terrible inseguridad que agobia al país en general”. En los últimos recorridos de la secretaría por la obra, el personal de la empresa ni siquiera se presentó.

La investigación también revela que, en ocasiones, cuando una EFOS abandona un proyecto, las dependencias no lo vuelven a licitar, lo que priva a las comunidades de las mejoras. Este fue el caso de un camino en Veracruz y una carretera en Sonora; en esta última, la empresa cobró el anticipo. Para ambos contratos, licitados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la SICT confirmó que no existían planes para reactivarlos .

Solo se encontraron pruebas de cumplimiento en 46 contratos de caminos y carreteras principalmente en Nuevo León, Oaxaca, Sonora y San Luis Potosí, entre otras entidades. La mayoría de los documentos son actas de entrega-recepción y, en pocos casos, bitácoras con fotos, evidencias que los especialistas consideran poco fiables.

Según Gerardo Lozano Dubernard, quien se desempeñó entre 2018 y 2021 como titular del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, “no necesariamente el hecho de que te manden fotografías significa que pertenecen a la obra, sobre todo en pavimentación de caminos, calles, etcétera”.

No obstante, Quinto Elemento Lab descubrió que las empresas fantasma han hecho más que solo simular operaciones en el país: a veces sí realizan los trabajos.

El Libramiento Norte de Morelia, cuyos dos tramos costaron 162 millones de pesos, se considera una de las obras insignia de la administración de Enrique Peña Nieto. Inaugurada en 2016 por el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el desgaste del distribuidor vial ya ha requerido reparaciones, comenta una reportera local. Esta vía rápida, construida para descongestionar el tráfico de la ciudad, fue realizada por Saro Infraestructura, una empresa fantasma. 

Las facturas de la compañía ubican su domicilio en el 212 de la calle Ignacio Pérez, en Toluca, una vivienda de una planta donde se rentan departamentos. Detrás de la firma se encontraban dos ingenieros civiles —un español, que ya falleció, y un mexiquense—, en ese entonces radicados en la capital del Estado de México. 

Saro Infraestructura ya había trabajado con el gobierno de Calderón, pero fue durante el mandato de Peña Nieto cuando obtuvo cerca de 165 millones de pesos. Los recursos fueron otorgados principalmente para la construcción de los puentes Pedregal y Realito del libramiento en Morelia, licitaciones que ganó ofreciendo cotizaciones entre 15 y 30 millones de pesos más bajas que sus competidores.

Los contratos fueron firmados en 2014 por cuatro funcionarios; uno era el entonces director del Centro SCT Michoacán, Roberto Cervantes Martínez, quien actualmente es director general de Administración del Poder Judicial del Estado de México. 

La empresa no contestó al cuestionario enviado por correo electrónico. Cervantes dijo por escrito que la empresa cumplió los requisitos de la licitación y desconoce si alguna autoridad inició un procedimiento de investigación por esta obra; también negó que hubiera subcontrataciones, aunque aclaró que la Ley de Obras Públicas lo permite.

El hecho de que una facturera sí construyera una obra llama la atención incluso de los expertos. Las EFOS se caracterizan por tener domicilios inexistentes y carecer de equipos o personal. Pero la explicación de estos proyectos radica en la subcontratación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó a detectar este esquema de simulación de servicios o compras —posteriormente conocido por casos como la “estafa maestra”— en empresas que subcontrataban “proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y estos a su vez subcontratan a otras empresas y personas físicas, y se ha dado el caso de que son empresas inexistentes o vinculadas”.

Y eso fue exactamente lo que pasó con el Libramiento Norte de Morelia.

Héctor Santillán, contratista de Morelia, conoció a los representantes de Saro Infraestructura cuando lo contactaron después de que, en un comercio local donde fueron a preguntar quién rentaba maquinaria —“para no traerla desde México”—, les dieron su número. “No tenía ni idea de dónde venían”, cuenta Santillán vía telefónica a Quinto Elemento Lab. “Todo fue bien hasta que, ya casi al final, tuvieron este problema con el pago”.

A mediados de 2015 medios locales informaron que siete empresas detuvieron la construcción del distribuidor vial para exigir el pago de entre 7 y 9 millones de pesos de adeudos de Saro Infraestructura y otra compañía asociada que las subcontrató para levantar los puentes Pedregal y Realito. Santillán cuenta que le ofrecieron saldar su deuda con maquinaria, pero rechazó la oferta. “Al final del día sí nos pagaron”, afirma.

De ambos contratos la SICT expidió a Saro Infraestructura las actas de extinción de derechos y obligaciones que amparaban el cumplimiento de la compañía “en tiempo y forma”, conforme a “las normas de calidad” y “las especificaciones generales y particulares”.  

Para el exauditor Lozano, que una obra haya sido construida por una empresa que acabó calificada por el SAT como fantasma, expone irregularidades. 

“Evidentemente hubo un sobreprecio, porque […] la entidad o dependencia que contrató a una EFOS, a su vez se volteó a subcontratar, es decir, no tenía los recursos humanos, materiales, financieros, para llevar a cabo la obra”, señala. “El daño está en la cantidad que se quedó la empresa que a su vez subcontrató”.

Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), añade que los trabajos realizados por las EFOS también pueden evidenciar problemas de calidad: “La obra está, pero está mal. De mala calidad. No con los estándares que debería”.

Contrataron factureras en obras públicas, salud y educación

Además del Hospital de Especialidades en Juchitán, la empresa Constructora Kedmex obtuvo contratos por 96 millones de pesos para realizar mejoras en un centro de salud en Tuxtepec y en otro hospital en Juchitán, además de pavimentar calles, rehabilitar o ampliar sistemas de agua potable, y construir drenajes y baños ecológicos.

La firma fue constituida en 2012 por dos hombres de entonces 20 y 31 años de edad. Sus domicilios se ubicaban en una zona ejidal al norte de la capital de Oaxaca. En el acta constitutiva, la compañía declaró dedicarse a 52 actividades comerciales, que incluían desde compraventa de material de construcción, trabajos de diseño gráfico, alquiler de mobiliario y ejecución de proyectos de infraestructura hasta la reparación de relojes.

Pero Constructora Kedmex no fue la única EFOS contratada para realizar obras públicas, mejoras en hospitales o escuelas, o adquirir equipo médico. En Oaxaca, otras 24 empresas obtuvieron contratos por 393 millones de pesos para proyectos similares. Y el panorama se repitió en todo el país.

Únicamente a obras públicas se destinaron más de mil millones de pesos. Poco más de la mitad de las 114 pavimentaciones encargadas a empresas fantasma se concentraron en Oaxaca, Tabasco y Sonora. Los contratos también incluyen 31 proyectos de alumbrado público, 37 obras de drenaje y alcantarillado, 63 proyectos hidráulicos —incluidas plantas de tratamiento de aguas residuales—, 24 trabajos de mejoras en viviendas —donde destacan reconstrucciones tras los huracanes Kenia (en Nayarit) y Lane (en Sinaloa)— y 67 obras diversas.

En el sector salud, las EFOS obtuvieron contratos por 389 millones de pesos para construir o hacer mejoras en clínicas y hospitales comunitarios o generales, además de para la compra de medicamentos e insumos médicos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron tratos con empresas fantasma en estos rubros, desde el periodo de Fox hasta el de AMLO. Los contratos principalmente fueron para la adquisición de insumos utilizados en la atención de heridas crónicas, equipo de urgencias, termómetros, material de curación, medicamentos de especialidad, e incluso equipo para tratamientos de quimioterapia.

Detrás de esos contratos hay empresas como Interacción Biomédica, la mayor facturera del sector salud; Lurma Integral, una consultora multifunciones que vendía equipo médico, y Alyfranz, cuyo objeto principal era la manufactura en general, pero obtuvo convenios para suministrar material de curación, aspirinas, cremas para las quemaduras, fármacos antibacterianos, fungicidas y otros insumos.

Las firmas fueron contactadas a los correos electrónicos con los que se registraron ante la autoridad fiscal, pero no contestaron a las preguntas de este equipo.

Y en el sector educativo, los contratos sumaron 166 millones de pesos. Los proyectos incluían la edificación de domos, bardas perimetrales, mejoras en espacios, y construcción de aulas en 19 estados del país.

También entregaron dinero de programas federales

Además de los 5 mil 716 millones de pesos en convenios con empresas inexistentes para  carreteras, obras públicas, salud y educación, Quinto Elemento Lab identificó en su base de datos la existencia de otras contrataciones fantasma por 236 millones de pesos con recursos provenientes de 59 programas federales, creados para atender problemas públicos. 

Algunos de ellos fueron el Programa Hábitat, que se diseñó para mejorar las condiciones de la vivienda; el de Fortalecimiento para la Atención Médica, que buscaba acercar servicios de salud a poblaciones marginadas; el de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), enfocado en ampliar la cobertura de servicios hidráulicos y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se destinó para brindar ayuda a poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

Los contratos identificados tendrían que haber contribuido a alcanzar las metas de estos programas, pero fueron asignados a empresas fantasma. 

Por ejemplo, a través del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), gobiernos municipales en Tabasco, Coahuila, Puebla y Sinaloa otorgaron a firmas inexistentes 11.5 millones de pesos que debieron utilizarse en la compra de uniformes, chalecos antibalas o equipo de primeros auxilios.

Y, en algunos casos, los contratos fantasma ni siquiera estaban alineados con lo que requería la población o con los objetivos de dichos programas.

Una situación que ilustra este hecho ocurrió a finales de 2018, cuando la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca asignó 21 millones de pesos del Fonden a la compañía fachada Grupo Constructor Raiza para el desazolve de una zona que conecta con una laguna en San Dionisio del Mar, en la costa oaxaqueña. En ese tiempo se necesitaban drenajes, recuerda Alfredo Velázquez, un habitante de la comunidad. Por esa razón, la población rechazó la obra, y porque no se habían realizado previamente procesos de consulta ni asambleas informativas.

En otro caso similar, el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, contrató a la EFOS Comercializadora en General Hercalop para impartir  67 cursos y talleres por un total de 3.2 millones de pesos procedentes de los programas Hábitat y Comunidad Diferente, que buscaban impactar en una mejora de las viviendas o en las condiciones sociales de comunidades marginadas.

Los talleres adquiridos resultaron ser de yoga, defensa personal, computación, corte y confección, repostería, belleza y herrería; en ocasiones, los cursos combinaban temas como derechos humanos de las mujeres con ejercicios aeróbicos, liderazgo femenino con zumba, o prevención de la discriminación con voleibol.  En promedio, cada taller costó cerca de 47 mil pesos. Las pruebas de que se realizaron son, por lo general, actas llenadas a mano y algunas fotografías.

Para ambos casos, dependencias y empresas mencionadas recibieron un cuestionario por escrito de Quinto Elemento Lab, aunque no se obtuvieron respuestas.

Entre 2002 y 2022, las 309 empresas fantasma que recibieron contratos de infraestructura, salud, educación, y con dinero de programas federales, casi nunca fueron detectadas por la ASF. Si bien el 71 por ciento de estos mil 164 contratos fueron otorgados por gobiernos estatales y municipales, el órgano fiscalizador tenía responsabilidad de auditarlos por tratarse de recursos federales. 

Pero es imposible revisar todos los convenios del país por falta de capacidad, señala el exauditor Lozano. 

El mecanismo que aceitó la contratación de EFOS a lo largo de distintas administraciones se benefició de los déficits de inspecciones de la ASF: apenas 22 compañías fantasma fueron identificadas en las auditorías por su incapacidad para cumplir con los trabajos encargados y el abuso en la subcontratación. 

De esos casos, únicamente dos estaban vinculados con los contratos investigados en este reportaje: uno de 9.9 millones de pesos otorgado por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo a Ingeniería Publicitaria y Arte para la colocación de señalética turística en calles y carreteras, y otro de 7.6 millones de pesos asignado por la SICT a Supervisión Administrativa y Logística de Aguascalientes para la conservación de la carretera Fresnillo-Zacatecas.

En contraste, periodistas locales han expuesto los nexos y convenios de al menos 60 contratistas fantasma que debían realizar obras de infraestructura, salud o educación.

La clave de la impunidad radica en la falta de inconformidad de las dependencias responsables de las contrataciones. Del trabajo de revisión por Transparencia que hizo Quinto Elemento Lab en 457 convenios, se encontró en 35 por ciento pruebas de cumplimiento, como documentos con firmas que avalaban la terminación de las obras o las adquisiciones y servicios. Es decir, las mismas autoridades validaron que los contratos se cumplieron, a pesar de estar vinculados a empresas inexistentes.

Un ejemplo claro son los diversos cursos impartidos por Comercializadora en General Hercalop en Tepeaca, donde los comprobantes de su realización estaban firmados no solo por autoridades locales, sino también por un enlace del programa Hábitat.

Ante la falta de capacidad de vigilancia de la ASF, Lozano sugiere la posibilidad de auditar mediante la participación ciudadana. “Hay contralorías sociales con un gran compromiso hacia sus comunidades, que son verdaderos vigilantes de que las cosas sucedan”, señala.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, coincide en que los reportes de la ciudadanía han sido clave para detectar actos de corrupción: “Es como nos enteramos de que había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS o que estaba malversando recursos”. Sin embargo, reconoce que hay poca confianza en las autoridades. “Es muy fácil tener represalias”.

En el Congreso ha habido algunos intentos por mejorar los mecanismos para que la ciudadanía sea más activa en detectar si hay irregularidades en los contratos que realizan las dependencias públicas. En 2022, la entonces legisladora priista Cynthia Iliana López Castro presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Ley Federal de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, que buscaba incentivar la denuncia ciudadana de posibles actos de corrupción o faltas administrativas asegurando su protección. El proyecto, sin embargo, fue desechado.

Pérez todavía vislumbra otro camino para atajar la brecha abierta por los recursos públicos destinados a resolver problemas sociales que terminan en contrataciones de empresas fantasma: adelanta que el comité ciudadano del SNA ya presentó al Senado una iniciativa de protección para quienes denuncien hechos de corrupción.

Con información e imágenes de Diana Manzo.